Mientras una comisión de notables estudia la vacuna Candid-I contra la fiebre hemorrágica argentina (FHA) para comprobar su eficacia y justificar su producción en el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas Doctor Julio Maiztegui (Inevh) de Pergamino, el temor por la aparición de nuevos casos se acrecienta en medio de una zona endémica que abarca gran parte de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa.
La preocupación obedece a que se avecina la temporada en la que históricamente se registran picos de contagio y sólo hay una reserva de 60 mil dosis para atender una población en riesgo de cinco millones de personas. Además, aún no hay definiciones sobre la futura campaña de vacunación anual prevista para estos meses, según reconoció la directora del Inevh, Delia Enría. El último año se registraron 139 casos de los cuales 18 fueron fatales, correspondiendo 14 de ellos a distintas localidades santafesinas.
La FHA, o mal de los rastrojos, es causada por el virus Junín, cuyos huéspedes naturales son dos o tres especies de roedores silvestres que transmiten la enfermedad al hombre por la saliva y la orina. Se caracteriza por la presencia de fiebre y alteraciones hematológicas, neurológicas, renales y cardiovasculares que evolucionan hacia la curación o la muerte en un lapso de una a dos semanas. Sin tratamiento, la mortalidad es muy elevada (del 15 al 30 por ciento), pero con la administración de plasma inmune se reduce a menos del uno por ciento.
Reclamo sin respuesta
La vacuna tendría que haberse empezado a fabricar en la Argentina desde el último trimestre de 1999, si no fuera por el incumplimiento del Ministerio de Salud de la Nación a una intimación judicial que recibió en 1998. Ese fallo fue dictado por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal a instancias de un recurso de amparo presentado en 1996 por Mariela Cecilia Viceconte, una ciudadana de la localidad bonaerense de Azul, con el patrocinio legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). La mujer reclamó que continúen las obras del laboratorio para la producción de la vacuna que se habían interrumpido por falta de recursos.
Después de casi tres años el tema sigue aún sin resolverse a pesar de que el Ministerio de Salud tendría que pagar una multa de 300 pesos por cada día de demora por no haber liberado los fondos. Meses atrás la Justicia hizo lugar a un pedido del ministro de Salud de la Nación, Héctor Lombardo, para que una comisión científica estudie la vacuna con el fin de determinar su eficacia y así oficializar la producción en el país (ver aparte).
"Hasta que esta comisión no se expida la vacuna no se fabricará en el Maiztegui ni tampoco vamos a vacunar", dijo Enría, aunque aseguró que el laboratorio está listo para empezar a producir una vez culminadas las etapas experimentales. Sobre la actitud del ministerio, la profesional prefirió no hacer valoraciones, aunque defendió la efectividad del antídoto.
Por su parte el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, encargado del seguimiento y control del cronograma de producción de la vacuna, espera que la Justicia exija al gobierno nacional que cumpla con lo establecido en su momento.
En tanto, el subsecretario de Salud de la provincia, Ramiro Huber, consideró que la constitución de esa comisión de científicos "es una excusa del Estado nacional para no liberar los fondos que se necesitan para la fabricación de la vacuna". En el mismo sentido se manifestaron representantes de diferentes centros asistenciales del sur santafesino consultados por La Capital. "Son de terror", resumió un alto funcionario del Ministerio de Salud provincial en alusión al comportamiento del gobierno nacional.
Una enfermedad que preocupa
Según un informe elaborado por especialistas y analizado en el marco de la reunión anual del Programa Nacional de Lucha contra la FHA, realizada en Río Cuarto (Córdoba), la fiebre hemorrágica constituye para Santa Fe una patología preocupante debido a que el 70 por ciento de los casos ocurren en su territorio.
El trabajo revela que el 60 por ciento de los contagios se produjo en la Zona VIII de Salud (departamentos Rosario, Constitución y San Lorenzo), donde se registraron 64 de los 94 casos denunciados en todo el territorio santafesino.
A fines de 1998 el Programa Nacional de Lucha contra la FHA inició la transferencia de la atención médica de los pacientes residentes en esta provincia a los centros asistenciales locales. Para ello se creó el Banco de Plasma Inmune en el Servicio de Medicina Transfusional del Hospital Provincial de Rosario. Este banco provee de tratamiento en forma gratuita a todas las instituciones de salud que lo requieran, tanto pública como privada, pertenecientes a la región sur de la provincia que integran los departamentos Belgrano, Iriondo, San Lorenzo, Rosario, Constitución, Caseros y General López.
Debido a que la mayor cantidad de donantes viven y trabajan en localidades del sur de la provincia, se crearon centros de extracción de plasma inmune en Máximo Paz y Villa Constitución con el fin de favorecer el acceso de los donantes y evitar su desplazamiento desde lugares distantes.
El director del Servicio de Medicina Transfusional, Abelardo Oliva, aseguró que el gobierno provincial destinará unos quince mil pesos para el banco de plasma inmune que funciona en ese establecimiento. En esa misma línea recordó que el último año se obtuvieron las suficientes unidades de plasma para satisfacer la demanda de la zona sur de la provincia, situación que se constituye en un rotundo éxito para el organismo.
La Ciudad
