La Plata.- Sesenta menores que estuvieron en la cárcel y eran tutelados por el Estado bonaerense después de denunciar apremios ilegales murieron en los últimos dos años en enfrentamientos con la policía, denunció ayer la Suprema Corte de Justicia provincial. El alto tribunal exigió al gobierno de Carlos Ruckauf que genere los mecanismos para la reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley, mejoras en las condiciones de detención y el estricto cumplimiento de normas internacionales sobre derechos humanos de los chicos presos.
El alto tribunal provincial detalló que esas muertes se produjeron en 1999 y 2000. Y reveló que entre enero y setiembre de este año otros 1.300 chicos fugaron de establecimientos donde estaban alojados y que durante el último año hubo más de un millar de denuncias sobre malos tratos y apremios de chicos detenidos.
La Corte advirtió, en ese marco, que hay una "insuficiencia y saturación del sistema" que "pone en riesgo la salud física, psíquica, moral y la vida de los menores".
Ante esto, el ministro de Seguridad provincial, el comisario Ramón Verón, admitió que "no existen medios ni instalaciones adecuados", pero advirtió que "hubo muchas denuncias, y parecería que es un deporte, por parte de los menores que hacen presentaciones por apremios en circunstancias de su detención (...) Yo también me podría preguntar por la infinidad de policías muertos y heridos en manos de menores".
Demanda al gobierno
A su turno, el vicegobernador Felipe Solá respondió que hay una comisión multisectorial trabajando en el tema y admitió que debe haber mejoras en el ámbito carcelario y especialmente en las comisarías.
Según se informó ayer, la Suprema Corte de Justicia, en una acordada firmada por sus nueve miembros y el Procurador General, reiteró -por quinta vez- su demanda al gobierno provincial para que garantice las medidas "para prevenir los hechos de violencia institucional que, a consecuencia de acciones u omisiones, violan normas internacionalmente reconocidas sobre derechos humanos en detrimento de los menores bajo patronato estatal".
La acordada fue firmada por los jueces Elías Laborde, Juan Carlos Hitters, Eduardo Pettigiani, Juan Manuel Salas, Eduardo De Lázzari, Ernesto Ghione, Alberto Pisano, Héctor Negri, Guillermo San Martín, y el procurador Eduardo Matías De la Cruz.
Los ministros de la Corte pidieron a las autoridades que "efectivicen la tutela de los internados, que, con arreglo a la legislación de fondo, está obligado a brindar el Consejo del Menor en el ejercicio de las potestades concurrentes del Patronato, respetando los derechos y la seguridad de aquellos fomentando su bienestar".
Además se indicó que durante el último año, desde que funciona el Registro de Denuncias de apremios y sobre tratos físicos o psíquicos en perjuicio de menores tutelados, en el marco de la Subsecretaría del Patronato, se superó el millar de denuncias.
La Corte confirmó que los niños y jóvenes bajo el patronato estatal muertos en presuntos enfrentamientos policiales durante los años 1999 y 2000 alcanza, al menos, a "60 casos".
Según se expresa también en la acordada, "fueron inhabilitados por disposición judicial, durante el primer semestre (de 2001), las comisarías de Villa Elisa, Villa Maipú, Los Hornos, San Miguel, Berisso, Benavídez y Barrancas".
Además, remarcaron que entre enero y septiembre de este año, se registraron al menos "1.300 episodios de fugas" de los establecimientos oficiales que albergan a menores por causa penal, "lo que indica un déficit sustancial en la contención, como así también incorrectas y en cierto modo desaprensivas derivaciones".(DYN)
La Ciudad
