La decisión del ministro Domingo Cavallo de no abrirle la mano a una contrapropuesta de los gobernadores y condicionar el envío de los recursos federales de 2002 volvió a hacer añicos ayer la posibilidad de un acuerdo entre la Nación y las provincias y aumentó la incertidumbre sobre la economía del país, alimentada ya por la demora en el canje de la deuda y los escasos resultados logrados por el ministro en su viaje secreto a Nueva York.
Cavallo se retiró anoche pasada las 21 del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el lugar elegido para las deliberaciones, y no quiso hacer ningún tipo de declaración. Sin esconder su enojo, los gobernadores justicialistas aseguraron que no hay fecha para seguir discutiendo, mientras que el aliancista Angel Rozas, mandatario del Chaco, interpretó que se pasó a un cuarto intermedio "hasta el lunes".
La reunión de ayer -la octava en esta carrera por llegar a un acuerdo que cada vez parece más lejos-, para la cual el gobierno de Fernando de la Rúa destinó a tres de sus principales espadas -Cavallo, Chrystian Colombo y Ramón Mestre- exhibió, por momentos, un clima de extrema tensión, en el que no faltaron agravios y duros cruces verbales entre los gobernadores y Cavallo.
Sin embargo, la presencia del jefe de Gabinete y los ministros de Interior y Economía no sirvió para llevar a los mandatarios provinciales a una mejor predisposición para firmar un acuerdo, tras ocho días de estériles negociaciones en la sede del CFI.
El nudo que no pueden resolver las partes es que los gobernadores del PJ consideran inaceptable la pretensión de la Nación de modificar la suma fija de 1.364 millones de pesos mensuales a partir de 2002, y reemplazar por el criterio de disponibilidad de caja que plantea Cavallo en un esquema similar al diseñado en la ley de déficit cero, para cuyo cumplimiento el ministro busca valerse de recortes en la coparticipación y el pago de deudas con bonos.
El planteo de la Nación, en base a los números fiscales de septiembre y octubre, implicaría una poda de alrededor de 400 millones de dólares mensuales, que podrían ser más si sigue deteriorándose la performance fiscal.
Los gobernadores volvieron a indicarles a los funcionarios nacionales su disposición a aceptar cobrar los montos adeudados en Lecop (Letras de Consolidación de Obligaciones Provinciales) que la Nación prevé emitir por un total equivalente a 1.300 millones de pesos.
Sin embargo, el punto de discordia se encuentra en las transferencias previstas para 2002, ya que las provincias pretenden cobrarlas totalmente en efectivo.
Las discusiones iniciadas formalmente el miércoles 17 de octubre se encontraban hasta ayer en un virtual estancamiento, por lo que algunos gobernadores tenían depositadas esperanzas en el regreso de Cavallo de los Estados Unidos.
La desilusión al respecto se hizo notar en las declaraciones de los gobernadores, quienes expresaron su malestar por entender que Cavallo "trajo la misma propuesta del principio".
Mientras se llevaba a cabo el encuentro en el CFI, el presidente Fernando de la Rúa se refirió a la reunión al indicar que es "necesario" que la Nación y las provincias arriben a un acuerdo por lo adeudado de la coparticipación federal, y agregó que "acá se distribuye lo que se tiene".
"El objetivo del gobierno es la reactivación económica, y un aspecto principal es el necesario acuerdo de la Nación con las provincias", dijo el presidente De la Rúa.
La sangre casi llega al río
La tensión entre los gobernadores y Cavallo se puso de manifiesto ni bien comenzadas las deliberaciones, cuando el ministro, después de una breve exposición, fue duramente increpado por el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, lo que dio origen a un duro cruce entre ambos que, gracias a la intervención de otros participantes del encuentro, fue solamente verbal pero implicó la rotura de algunas botellas.
Un segundo encontronazo dejó en claro que el conflicto de Cavallo excede a los gobernadores de la oposición, ya que el radical Angel Rozas también tomó el partido de sus colegas provinciales.
El origen de esta segunda disputa tuvo lugar en una discusión entre Cavallo y el puntano Adolfo Rodríguez Saa, quien le achacó al ministro que no contaba con recursos para las provincias porque "se los mandó a los acreedores".
Al margen de las acaloradas discusiones -que algunos gobernadores intentaron minimizar ante la prensa- las seis horas de reunión del octavo día de negociaciones concluyeron sin acercamientos y con los gobernadores justicialistas abandonando el CFI.
"Volvemos tristes a nuestras provincias", sintetizó Rodríguez Saa la situación, mientras Cavallo permanecía reunido con los gobernadores de la Alianza, con el propósito de alcanzar aunque sea un acuerdo parcial.
"La culpa es del gobierno"
Los mandatarios del PJ mostraron verbalmente su descontento. A Carlos Reutemann se lo vio salir muy ofuscado, sin querer efectuar declaraciones. Fuentes cercanas al Lole consignaron que el gobernador está "desanimado y molesto por la demora en las definiciones, el tiempo que le hicieron perder y porque no concuerda con lo que pretende cerrar el gobierno". Aunque la mayoría de los gobernadores volvió a su provincia de origen, Reutemann se quedará hasta hoy en Buenos Aires.
En tanto, el mandatario de San Luis se encargó de culpar a la "inflexibilidad" del gobierno de la imposibilidad de llegar a un acuerdo: "No hemos visto voluntad política de llegar a una solución. Nosotros pusimos todo el esfuerzo, somos una oposición moderna y constructiva, pero también defendemos los intereses provinciales", enfatizó.
Kirchner, por su parte, dijo: "Pusimos toda la voluntad que teníamos pero no se llega a un acuerdo por la intransigencia del gobierno nacional que no atiende los graves problemas de las provincias y sigue queriendo solucionar el déficit cero a costa de las provincias".
A su turno, el gobernador salteño, Juan Carlos Romero, dijo que "se seguirán defendiendo los intereses de nuestras provincias que es defender los intereses de la gente".
Sostuvo que "el que tiene la iniciativa política en esto es el gobierno de Fernando de la Rúa que debe gobernar y respetar los intereses de todos los argentinos" y agregó que "hace tiempo se debería haber solucionado este problema, pero no es culpa de los gobernadores, sino de un gobierno nacional lento y que no decide ni resuelve".
La Ciudad
