Los jueces son los únicos que se salvan

Un grupo de magistrados cobró un embargo de 1,3 millón a la provincia

Accionaron contra la ley de emergencia. Alegaron "necesidades alimentarias" pero ganan 4.600 mensuales

Un grupo de jueces santafesinos cobró ayer 1,3 millón de pesos gracias a la decisión de un abogado actuando como conjuez que falló contra la emergencia previsional sancionada en la provincia en 1999. Como causal para provocar esta definición, magistrados que en promedio ganan un sueldo de casi cinco mil pesos alegaron "necesidades alimentarias". El embargo de los recursos del Estado en medio de la crisis despertó la furia entre las autoridades del PE.
Es la segunda vez en menos de un año que los magistrados se vieron favorecidos por un fallo de la Justicia que ellos mismos administran. La decisión del juez subrogante Laudelino González Suárez que obligó a la provincia a desembolsar 1.336.901,20 pesos a jueces que habían presentado recursos de amparo para eludir los descuentos previsionales extraordinarios dispuestos por la emergencia previsional que rige para todo el sector público.
Fuentes gubernamentales deslizaron ayer que esta reacción del PE, si no tiene acuse de recibo por parte de la Corte Suprema de Justicia, va en camino de generar un verdadero conflicto de intereses entre los dos poderes.
La resolución de González Suárez (un abogado sorteado para ocuparse sólo de este caso, dado que todos los jueces laborales de Santa Fe se excusaron) sorprendió ayer al gobierno de Carlos Reutemann, que había presentado diversos recursos e interpretaba que la sentencia no se encontraba firme.La fiscalía provincial apeló ante la cámara de apelaciones en lo laboral de Santa Fe, que debe integrarse con conjueces debido a que los magistrados que la componen también se excusaron. Fiscalía también reclamó que se analice si el juez subrogante no incurrió en el delito de prevaricato y abuso de autoridad, al no haber tomado en cuenta las propias disposiciones de la emergencia previsional ni las resoluciones de las cortes nacional y provincial que avalaron la constitucionalidad de normas de este tipo.
El ministro de Hacienda, Juan Carlos Mercier, le reclamó a la Suprema Corte que se haga cargo del monto del embargo tomando el dinero de las "cuentas especiales" que dispone el alto tribunal por recaudación propia. Reclamó además que de producirse nuevos embargos adopte un criterio similar, pero aún no recibió contestación.
Cómo otros 200 jueces presentaron tiempo atrás sendos recursos de amparo para que no se les aplique descuentos por vigencia de la ley de emergencia económica, y este caso se encuentra a consideración de la Corte, el Ejecutivo le pidió al alto Tribunal que se avoque a tratar todas las causas, incluyendo la última a cargo de González Suárez.
A la administración de Reutemann le preocupa la resolución del conjuez, por el temor de que siente jurisprudencia y active otras causas, lo cual podría significar una erogación cercana a los cinco millones de pesos. El subsecretario de Justicia, Carlos Carranza, criticó ayer que "esta resolución hace que en la provincia exista inseguridad jurídica".
El gobierno provincial confía en que no se llegue al extremo de tener que pagar estas nuevas facturas, que añadirían mayores problemas a un Tesoro afectado por la baja de la recaudación y el incumplimiento de pagos en que incurre la Nación. Por lo pronto, la inesperada erogación significó afectar fondos que estaban previsto para cubrir algunos servicios esenciales.
Un documento que llegó ayer a los medios de prensa, con datos de la Dirección de Recursos Humanos de la provincia, da cuenta de que los 1.108 jueces - algunos de los que alegan necesidad alimentaria- se llevan su sueldo promedio de 4.645,44 pesos (sin incluir asignaciones familiares), muy por encima del ingreso promedio del resto de los trabajadores santafesinos.