La intención de los gobernadores de cambiar el garante en la emisión de los títulos públicos es evitar caer nuevamente en los vaivenes de tener que renegociar compromisos asumidos con anterioridad. "Todos los años hay que modificar el esquema del pacto fiscal, siempre en perjuicio de las provincias, y el que en realidad no cumple con sus obligaciones es la Nación", remarcó ayer uno de los funcionarios provinciales que intervienen en las negociaciones. La entrada de los bonos al fisco provincial seguramente determinará que vayan a parar a manos de los empleados públicos, ya que que un 80% de los egresos santafesinos está compuesto por salarios. Si estos títulos se emiten con garantía propia, significará también un cambio en la calidad de los recursos disponibles y por ende de la la calificación santafesina a la hora de tomar nuevo crédito. Sin embargo, el punto de mayor conflicto es la pretensión nacional de recortar entre un 10 y 20% los fondos coparticipables de 2002. De concretarse los recortes y con el ingreso de una virtual tercera moneda (llámese Lecop o Lecon), se minaría la ortodoxia financiera que impulsan los hombres de Hacienda de Carlos Reutemann. De concretarse un ajuste similar al que Cavallo implementó para los empleados públicos nacionales a partir de septiembre, un 13%, dejaría de ingresar a Santa Fe una cifra que rondaría los 120 millones de dólares, sin tener en cuenta fondos específicos como el de electricidad, Fonavi y otros como el destinado a paliar el déficit de la Caja de Jubilaciones. Y a semejante escenario hay que sumar la caída de la recaudación propia.
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La Ciudad
