En base a los testimonios recabados durante la investigación sumaria de la UNR, Ana Rosa Christeler estuvo directamente relacionada con los grupos de tareas que provocaron la detención, tortura y desaparición de numerosas personas durante la última dictadura militar.
La no docente fue acusada de estar vinculada con otro represor: Jorge Walter Pérez Blanco. Además, permanentemente se recordó que en un allanamiento se encontraron armas de grueso calibre y un fichero con los datos de más de 3.000 estudiantes y trabajadores, "muchos de ellos con una cruz al costado y quienes actualmente están desaparecidos".
La nómina de represores, según la presentación de las organizaciones defensoras de los derechos humanos que data de 1986, incluye a Christeler y a Pérez Blanco, quien en los años de plomo ostentó los apodos Walter, West o W.
Tiempo de escrache
Desde los organismos, que hicieron a la no docente blanco de escraches en su domicilio, ubicado en Nicaragua 1262 bis, afirmaron que la totalidad de las pruebas sobre la participación de Anita en la represión ilegal se evaporaron tras el nunca esclarecido robo a los Tribunales provinciales en 1984, por lo que la causa quedó archivada sin conclusión.
"El repudio fue bastante amplio, con expresiones que no ocultaron el asco, la repugnancia que provoca tener que aceptar este tipo de resolución", relató a La Capital Diego Berretta, representante de la FUR, quien estuvo presente en la reunión del Consejo Superior de la UNR en la que se trató la reincorporación de Christeler a partir de la resolución de la Corte Suprema de Justicia.
Berretta agregó que "existen pruebas contundentes de que esta mujer fue cómplice de la dictadura. Hasta se encontraron varias nóminas, listas con docentes y estudiantes marcados; algo de terror".
De todos modos, el dirigente universitario vaticinó "una cuestión política-ideológica que no se va a poder sostener: Christeler trabajando en la Universidad de Rosario como si nada. Las repercusiones van a ser tremendas".
Medida incomprensible
Por su parte, Marcela Delannoy, representante de la Coad (el gremio que agrupa a los docentes e investigadores universitarios), consideró "una barbaridad" la resolución judicial.
"Es incomprensible que esta mujer vuelva con una impunidad total, sobre todo si tenemos en cuenta que hay una gran cantidad de docentes desaparecidos, torturados o que estuvieron en prisión durante la última dictadura", concluyó Delannoy.
J.F.
La Ciudad
