El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) aceptó ayer, a regañadientes y en medio de unánimes y explícitas muestras de repudio, la reincorporación de la no docente Ana Rosa Christeler, acusada de participar activamente en la represión ilegal durante los años de plomo. La mujer fue exonerada el 23 de febrero de 1999, pero, ante un fallo contrario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a las autoridades universitarias no le quedó otra alternativa que reabrirle las puertas para evitar incurrir en el delito de desobediencia.
Consultado por La Capital, el rector de la UNR, Ricardo Suárez, recordó que frente a una decisión inicial de la Cámara Federal de Rosario "lo único que nos quedaba era apelar a la Corte, pero ésta no hizo lugar al recurso extraordinario que presentamos".
"Para la Justicia no existen motivos que sustenten la exoneración, por lo cual, pese a que no es una decisión agradable, hay que acatarla, ya que la Universidad corre el riesgo de incurrir en un acto de desobediencia", explicó el rector.
Christeler, quien hasta hace un par de años desempeñó tareas en la Secretaría de Patrimoniales de Rectorado, fue empleada de la sección Alumnado durante la última dictadura militar. Aunque, según denunciaron los organismos defensores de los derechos humanos, mantuvo una actividad paralela: agente de inteligencia bajo el seudónimo Anita.
En febrero del 99, el Consejo Superior resolvió por unanimidad apartar a Christeler de su cargo tras una investigación sumaria iniciada unos cinco meses antes. Pero, si bien los testimonios recolectados involucraron a la no docente con la represión ilegal, el máximo tribunal descartó en julio pasado la figura de "desconfianza objetiva" (una persona que no goza del respaldo de sus superiores para desarrollar su trabajo) aplicada por el entonces asesor jurídico de la UNR, Oscar Borgonovo, para lograr su desplazamiento.
Mario Ducler, actual asesor jurídico, se encargó de informar al Consejo Superior sobre los alcances de la resolución de la Corte, que se sustentó en un sumario administrativo realizado en la década del 80, informe que consideró cosa juzgada el accionar de Christeler. "Hubo un clima de comprensión por parte de todo el mundo y apoyo al rector", comentó el letrado.
A su turno, Diego Berretta, consejero de la Federación Universitaria de Rosario (FUR), dijo que más allá de la decisión adoptada en la casa de altos estudios "se ratificó la voluntad política de que esta mujer no debe continuar en la UNR". Y enfatizó: "Esto es terrible, pero hay que destacar los esfuerzos que se hicieron para expulsarla y llegar hasta las últimas instancias judiciales".
Lo cierto es que el apartamiento de Christeler había sido apelado ante la Cámara Federal, que el año pasado resolvió reincorporarla. Posteriormente, la Corte ratificó este fallo y dictaminó el pago efectivo a la no docente de los salarios no percibidos desde su desplazamiento del cargo.
Si bien Suárez no pudo precisar cuándo y en qué condiciones se producirá el polémico regreso de Christeler a la UNR (faltan algunos trámites), admitió: "Tengo entendido que va a pedir una licencia".
¿Volver?
Esta posibilidad tampoco fue desechada por varias fuentes universitarias consultadas por La Capital, las que no dudaron en aseverar que Anita "se toma unos días y no vuelve".
Es que, inevitablemente, el retorno de Christeler plantearía un debate político e ideológico a partir del rechazo que su figura genera en los claustros universitarios. Repulsa que, según se comentó en los pasillos de Rectorado, incluiría a sus propios compañeros de trabajo.
"Yo participo del sentir de la sociedad, pero realmente agotamos todos los argumentos legales", agregó, algo acongojado, Suárez. Por su parte, Ducler sentenció: "Nos encontramos en un Estado de derecho, por el que nosotros peleamos, y tenemos que someternos al mismo, tanto como a las leyes y sus fallos... Nos guste o no".
La Ciudad
