Jorge Salum
Podría estar sucediendo ahora mismo: alguien acaba de morir o resulta herido en un accidente de tránsito y los deudos de las víctimas están recibiendo una tarjeta personal en la comisaría donde se labra el sumario. En la tarjeta figura el nombre y el teléfono de un abogado o un bufete, y el uniformado que la suministra le da una recomendación a quien la recibe: "Llame ahí que le solucionan todo". En los Tribunales nadie se sorprende porque todos saben que esta maniobra existe y a pocos debe parecerle inmoral o poco ética. Lo novedoso es que esta connivencia se cuestiona, se investiga y se sanciona. Es decir, los responsables pagan por aprovecharse de una situación para quedarse con un caso.
Es lo que acaba de ocurrir con dos abogadas del foro local, Carla María Iuorno y María Silvia Bressanelli, suspendidas para ejercer la profesión por seis meses. Primero las sancionó el Tribunal de Etica del Colegio de Abogados y ahora la Cámara Penal de Rosario, que fue más lejos: también ordenó una investigación sobre la actitud de un policía, que actuó en complicidad para captar un cliente.
23 de abril de 1997. Ese día, en un episodio de tránsito, muere Gustavo Oscar Hernández. La mujer de la víctima se entera de la tragedia en la comisaría 21ª. Mientras a su marido lo velan, ella espera en la seccional. "Faltan algunos papeles", es la excusa para retenerla. Tres horas después, la visitan dos señoras. La encierran en una oficina y le dicen que son abogadas. "Nosotras vamos a tomar el caso", informan. Piden algunos documentos: el DNI del muerto y las partidas de nacimiento de los hijos, pero como la mujer no las lleva encima van personalmente a la sala velatoria. Al día siguiente, deben encontrarse en Tribunales. "Ahí es donde debe firmarnos el poder para representarla", le explican.
Así se hace. Todo marcha de acuerdo a lo previsto hasta que la viuda se siente presionada. Avisa a las abogadas que cambiará de representante legal y ahí comienzan los problemas. La hermana del muerto recibe una amenaza telefónica anónima en su casa.
Cuando nombra a otra abogada, se ofenden. Nace un litigio e interviene el Tribunal de Etica. Tras una investigación, producen un fallo contundente: las letradas incurrieron en "una actitud abusiva, presionando a la víctima, aprovechándose de su situación de indefensión y duelo por la pérdida del marido".
Las suspenden por seis meses y, cuando apelan, las sospechas de connivencia policial se agigantan. "Los abogados no podemos controlar lo que hacen los policías", se defienden. Y añaden: "Tampoco podemos considerar contra la ética que un abogado concurra al llamado telefónico de un futuro cliente en una comisaría".
Para la Sala IV de la Cámara Penal esto no cambia la penosa situación a la que fue sometida la viuda. "Sin haber visto siquiera el cuerpo de su esposo, fue retenida durante tres horas en la seccional, sin decírsele que iba a ser entrevistada por un abogado", sostienen los jueces.
Por si fuera poco, hay más evidencia sobre la presión que ejercieron. Una de las abogadas se presentó en el velatorio y le dijo al hermano de la víctima que la mandaba la policía. "Por eso puedo conseguir el sumario", alardeó. Este testigo declaró que su cuñada decidió cambiar de patrocinio cuando supo que las dos abogadas pagaban una comisión a los policías. Otros testigos dieron versiones similares, pero nueve efectivos de la seccional 21ª lo negaron.
Uno de ellos era el oficial Leonardo Barrera. "No conozco a esas abogadas", argumentó. Mentía. En una causa penal radicada en el Juzgado de Instrucción Nº6, un testigo y un imputado lo acusaron de urdir por lo menos con una de ellas una maniobra para fraguar un accidente de tránsito y cobrarle a la aseguradora. Cuando la persona elegida para hacer la trampa comentó que no tenía auto, Barrera dijo que no se preocupara. "La abogada arregla todo", aclaró. El arreglo era así: ella se quedaba con un porcentaje, el policía con otro y el hombre que se prestaba al fraude con el saldo. "Ya lo hicimos varias veces", lo tranquilizó.
En otra ocasión el propio Barrera se quebró la muñeca jugando al fútbol y cobró una indemnización en una aseguradora. Con la misma abogada urdieron un accidente de tránsito. Y en un tercer caso, dos personas revelaron que su hermano murió en un accidente y que, camino a la morgue, Barrera les comentó que tenía unas abogadas a las que podría dar el caso.
"Las declaraciones de personas diversas sin ninguna conexión y por hechos ocurridos en tiempos diferentes constituyen un claro indicio con relación a la sospechada connivencia de las acusadas con personal policial", falló la Sala IV de la Cámara Penal, que consideró que las abogadas aprovecharon la situación de la mujer para concurrir a la comisaría, imponerle la aceptación de sus servicios, presentarse en el velatorio, llevar a la cliente a Tribunales, hacerle firmar el poder y seguir hostigándola. "Esto conforma inequívocamente un accionar abusivo e impropio incompatible con la dignidad del abogado", concluyó.
| |
La Ciudad
