Un total de 360 mil afiliados al Pami en toda la provincia, 50 mil de Rosario, se quedaron sin atención médica luego de que los sanatorios privados que trabajan con la obra social resolvieron ayer cortar los servicios. La medida, que no afectará las intervenciones de urgencia, se llevó a cabo a raíz del incumplimiento en el pago de dos meses vencidos en el convenio prestacional (de los cinco que se adeudan) más la alta complejidad. Ante esta situación, los funcionarios locales del Instituto debieron improvisar un plan alternativo de emergencia, que incluirá el apoyo de la salud provincial y municipal. Desde Buenos Aires, el interventor nacional de la obra social, Raúl Pistorio, aseguró a La Capital estar buscando "afanosamente" un monto que cubra la deuda con los prestadores, que sólo en Rosario asciende a los 4,6 millones de pesos.
"Si seguimos soportando la falta de pago, vamos directo a una crisis financiera en nuestros sanatorios", justificó el director de Prestadores de Salud Rosario, Hugo Ojeda.
Según señaló el directivo, el Pami les debe a los privados las prestaciones médicas correspondientes a los meses vencidos de mayo y junio. A esta deuda consolidada se suman julio, agosto y septiembre, pendientes de pago (aún no vencidos), y la alta complejidad.
"La cuenta es sencilla. En Rosario hay 2 millones de pesos pendientes de cobro de los meses caídos, más las prácticas de alta complejidad efectuadas entre los 85 mil afiliados de los policlínicos I y II del Pami durante tres meses de 2000 y desde marzo en adelante de 2001. Todo esto hace un total de 4,6 millones, a lo que se suma la deuda no vencida de 3,7 millones", apuntó Ojeda, y desafió: "¿Cuántos bancos aprobarían un préstamo por esta suma?".
La paciencia de los prestadores desbordó el jueves pasado, cuando concurrieron al nivel central del Instituto y se vieron impedidos de llegar hasta el despacho del subinterventor nacional de atención a la salud, Ernesto Trivisonno.
"No encontramos un solo interlocutor válido para negociar al menos parte de la deuda. Todo el nivel gerencial nos demostró que el interior del país les importa un pito, a diferencia de Capital Federal, donde cumplen sus pagos a rajatabla", señaló Ojeda.
Con los bolsillos vacíos, los prestadores acordaron que los sanatorios Mapaci, Plaza, De la Mujer, Güemes y Sur, y la Clínica Rosario -quienes hace 14 meses cobran las cápitas de 50 mil jubilados rosarinos- cortaran desde ayer el servicio con la obra social.
Ya por la tarde, se percibían las primeras consecuencias del lock out empresarial. "Mi madre tenía programada una cirugía para los primeros días de octubre, y cuando llegué acá me encontré con este martes 13", se quejó Roberto en el pasillo de un sanatorio céntrico.
La situación era idéntica en otro efector perteneciente a la red. "Venía a autorizar una orden y me vuelvo a mi casa con la receta y sin el medicamento", se lamentó una jubilada de 67 años.
Ya en un centro asistencial del macrocentro, muchos llegaban al mostrador y al escuchar las explicaciones del caso daban media vuelta y se retiraban con resignación.
Los efectores privados están dispuestos a dar batalla hasta cobrar la deuda. Ojeda llegó a considerar que de no prosperar un acuerdo durante el fin de semana "el lunes podrían plegarse al plan de lucha empresarial Córdoba, Tucumán y Mendoza".
En rigor, las medidas asumidas ayer por los prestadores afectan las prácticas y consultas a médicos de cabecera, especialistas, recetas para medicamentos, cirugías programadas, laboratorio, radiología y traslados. Por el contrario, se garantizará la atención de casos de extrema urgencia, denominado por los ambulancistas como código rojo.
"El cese de nuevos ingresos a los sanatorios no implica la desinternación de los afiliados", subrayó Ojeda. Esto significa que los 120 jubilados internados en los seis sanatorios y las 111 internaciones domiciliarias que dependen de la red privada se mantendrán inalterables. Es más, los egresos de estos centros asistenciales se concretarán en la medida en que se libre el alta médica correspondiente.
¿Una semana más?
Todo indica que la solución al conflicto llegará recién la semana entrante. Así lo hizo saber el interventor nacional Pistorio al asegurar a La Capital que "la caída estrepitosa en los aportes de activos generó una reducción en los ingresos a la obra social de 100 millones de pesos, y esta semana dejaron de entrar otros 40 millones".
En cuanto al reclamo puntual de los privados, Pistorio dijo comprender "a quienes siempre han tenido alta sensibilidad por los jubilados", e insistió con que hizo gestiones en el Ministerio de Economía para regularizar la situación. "Es más -enfatizó- estoy buscando afanosamente el monto para la semana que viene".
Tras los desplantes que los empresarios padecieron en el nivel central del Pami, Pistorio se disculpó públicamente, en tanto aseguró que sancionará a los responsables del desaire.
Mientras tanto, la caída en la red prestacional movilizó ayer a los funcionarios del Pami local, quienes improvisaron una reunión con autoridades provinciales y municipales de la salud pública para confeccionar un plan de salvataje.
El subinterventor de prestaciones médicas de la Delegación IX, Raúl Arriola, explicó a La Capital los detalles del plan "B" para los jubilados.
"El afiliado que necesite recurrir a una emergencia debe comunicarse con el Pami, que exigirá a la red prestacional que garantice la cobertura médica. Si son rechazados, la obra social recurrirá al servicio de ambulancias propio, que se podrá solicitar discando 139", apuntó.
Arriola destacó que si se presenta una situación de urgencia y en la guardia médica de los sanatorios en conflicto existe algún inconveniente, se deben comunicar inmediatamente al Pami Escucha (0800-222-7264).
En relación a los médicos de cabecera, desde la delegación IX se aseguró que los 77 profesionales que pertenecen al Pami seguirán atendiendo normalmente a los jubilados. "En cambio, si los otros 32 médicos que son de la red privada se adhieren a la medida, los afiliados serán atendidos por otro profesional, y de ser necesario se los derivará a la guardia médica de los policlínicos I y II", resaltó el funcionario.
Por parte de la salud pública, tanto desde el municipio como desde el área 8 de salud provincial existió la promesa en colaborar con el plan alternativo. En tal sentido, quedó claro que ante cualquier eventualidad, tanto las ambulancias del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria como las internaciones hospitalarias y domiciliarias están a disposición de los jubilados.
Asimismo, Arriola lanzó una severa advertencia a los integrantes de Prestadores de Salud Rosario al señalar "la falta de notificación formal del corte de servicio, por lo cual fueron intimados por el Pami a través de carta documento para que reafirmen con sello y firma su decisión", y aclaró que "ante un posible rechazo en la atención médica por parte de la red privada, la obra social derivará al afiliado a otro sanatorio con el correspondiente débito a la cápita que perciben estos prestadores".
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Adhesión en toda la provincia
La medida de fuerza resuelta por los seis centros asistenciales privados de Rosario se tomó en sintonía con el resto de los sanatorios de la provincia, situación que provocó un marcado resentimiento en la prestación de 360 mil jubilados santafesinos.
El titular de los privados de la región sur (abarca San Lorenzo, Iriondo, Belgrano, Constitución, Caseros y General López), Angel Gentiletti, confirmó la caída en la prestación de los 86 mil afiliados capitados en la zona. A su vez, Carlos Tita, representante de los prestadores de noroeste santafesino (San Cristóbal, 9 de Julio, San Martín, General Obligado, Vera y Castellanos), quien tutela la salud de 57 mil afiliados al Pami, aseguró que desde el lunes se profundizará la medida con un corte total en las prestaciones.
La Ciudad
