En un clima más organizado, aunque no por eso menos riguroso, el tribunal que juzga a la llamada conexión local por la voladura a la Amia escuchó ayer, en el segundo día de audiencia, las pruebas con las que cuenta la Fiscalía para acusar al reducidor de autos, Carlos Telleldín, y a un grupo de ex policías encabezados por Juan José Ribelli de haber prestado una participación vital para que se concretara el atentado.
A las 14.45, apenas quince minutos después de lo previsto y frente a una sala notablemente más vacía que el día inaugural, los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo (miembros del Tribunal Oral Federal 3) aparecieron en la sala de audiencias para continuar escuchando la lectura del requerimiento fiscal que se había hecho en la instrucción.
Fue así como, en ese marco, el secretario Eduardo Chittaro leyó las pruebas obrantes en la causa, donde se aludía al comportamiento que tuvo Telleldín en los días previos y posteriores al 18 de julio de 1994.
"Todo eso nos permite afirmar que el nombrado tuvo pleno y cabal conocimiento del destino que había de darse a la camioneta que contenía el motor que pasara por sus manos y que posteriormente se hallara en las ruinas del edificio atacado", dijo el Ministerio Público.
Sin embargo, los fiscales admitieron que Telleldín había sido extorsionado por un grupo de policías, encabezados por el ex comisario Ribelli, a quienes les fue entregada la camioneta en parte de pago para evitar las presiones que el reducidor de autos estaba sufriendo.
Con esos fundamentos, los fiscales solicitaron que a Telleldín, Ribelli y los también ex oficiales Mario Bareiro, Anastacio Leal y Raúl Ibarra se les imputara la comisión de los delitos de "homicidio calificado, lesiones leves, graves y gravísimas, daños cometidos en forma reiterada y agravada en calidad de partícipe necesario".
Pero hay cargos que se agregan: a Telleldín se le imputa además la falsificación de instrumento público, porque usó un documento falso cuando se dirigió a la zona de la Triple Frontera en los días posteriores al ataque a la mutual judía. Mientras tanto, al grupo de policías se le agregan delitos más graves: privación ilegal de la libertad, extorsión, secuestro extorsivo y asociación ilícita.
Más tranquilos que el lunes, los imputados escucharon los argumentos finales de los fiscales en medio del sopor y el aburrimiento.
El publico que presenció la audiencia siguió el ritmo aletargado que ofrecía la lectura. Y la mayoría de ellos fueron retirándose de a poco hasta dejar la sala casi vacía.
Laura Ginsberg, integrante de Memoria Activa, sin embargo, fue una de las pocas que llegó a quedarse hasta el final, más por un afán de verificar las irregularidades que, según ella, se vienen cometiendo en la causa Amia "con el aval del juez Juan José Galeano y de los propios fiscales".
Las audiencias a partir de ahora deparan todavía más trabajo de locución para los secretario del tribunal. Los jueces comenzaron anoche a escuchar el auto de elevación a juicio que realizó Galeano en febrero del 2000, donde explica cómo llevó adelante la investigación. Luego se procederá a dar lectura a los mismos escritos sobre el tema del polémico video.
Mentiras y video
Allí, Ribelli está acusado de haber intentado extorsionar al juez Galeano usando la copia de un video que había sido robado del despacho del juez y donde se veía una charla entre el magistrado y Telleldín.
Galeano y el reducidor de autos hablaban de la edición de un libro en el que Telleldín iba a contar todo lo referente a la camioneta Renault Trafic usada para volar la Amia. Y también habrían conversado sobre el financiamiento de la publicación con parte de la recompensa ofrecida por el gobierno para quien aportara información trascendente para la causa.
La Ciudad
