A más de siete años de la voladura de la Amia y a sólo dos semanas de los atentados en Estados Unidos que recrudecieron la lucha contra el terrorismo internacional, se inició ayer en los tribunales federales de Capital Federal el juicio a cinco presuntos cómplices del ataque a la mutual judía, que provocó 85 muertes.
El presidente Fernando de la Rúa salió a destacar el "apoyo que ha brindado del gobierno al tribunal" que abrió el primer proceso oral que se sustancia por un acto de terrorismo internacional.
A las 14.25 y con un minuto de silencio propuesto por el abogado Alberto Zuppi, representante de los familiares nucleados en Memoria Activa, se inició el juicio en la amplia sala de audiencias construida especialmente para el caso, en un subsuelo de la sede judicial de avenida Comodoro Py 2002 del barrio porteño de Retiro.
Un operativo de seguridad sin precedentes en la historia judicial del país se puso en marcha en la jornada. No sólo comenzó el juicio sino que también se inauguraron las dependencias construidas para el debate, dos salas de prensa, y un sistema de estricto control policial a quienes circulen por los tribunales.
La fiscalía llega al proceso con la intención de demostrar, frente al tribunal integrado por los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo, que el ex comisario bonaerense Juan Ribelli, los ex subcomisarios Anastacio Leal y Raúl Ibarra, el ex oficial Mario Bareiro y el reducidor de autos robados Carlos Telleldín formaron parte de una organización ilegal que suministró a un grupo terrorista el coche-bomba que demolió la Amia y sepultó bajo escombros a 85 víctimas.
Durante la jornada el secretario Germán Castelli y el prosecretario Eduardo Chittaro dieron lectura al extenso requerimiento mediante el cual, el 13 de julio de 1999, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia formularon acusaciones contra 20 sospechosos y, además, pidieron la elevación de parte del expediente a juicio oral.
Dictamen de 300 carillas
Las dimensiones del dictamen, de casi 300 carillas, impidieron que se completara la lectura, que se reanudará hoy desde las 14.30. Luego, será el turno de oralizar la elevación a juicio que dispuso en febrero de 2000 el juez federal Juan José Galeano, instructor de la causa. Y después se procederá de idéntico modo con las acusaciones que pesan sobre Ribelli por el robo de un video vinculado a la investigación del caso.
Recién cuando los secretarios hayan concluido la lectura de las acusaciones elaboradas durante la instrucción de la causa, se iniciará el debate que podría arrojar luz sobre el atentado a la Amia, que se perpetró el 18 de julio de 1994 y constituyó el segundo ataque terrorista contra un objetivo judío cometido en Argentina.
Mañana y pasado mañana no habrá audiencia por la festividad judía del "Iom Kipur" (Día del perdón) y el viernes se planifica leer las elevaciones a juicio en otra causa que también se abordará en este proceso, la filmación y robo de un video polémico con el detenido Carlos Telleldín en el juzgado de Galeano.
Cinco hombres fueron colocados frente al estrado como presuntos partícipes necesarios de la masacre en la Amia, y otros quince afrontan cargos por delitos graves y conexos a la entrega de la camioneta Trafic que el 10 de julio del 94 fue retirada de la casa de Telleldín en Villa Ballester para transformarse en el coche-bomba que hizo detonar 300 kilogramos de explosivos en el edificio de la mutual judía.
Pero, además, el gobierno de De la Rúa procura mostrar el juicio como inequívoca señal de apoyo a la lucha antiterrorista que lidera Estados Unidos, blanco de atentados múltiples que el 11 de setiembre mataron a más de 5 mil personas.
El ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, y el jefe del Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, asistieron ayer a la primera audiencia del juicio, a la que concurrieron también el embajador de Israel, Benjamin Oron, y otras autoridades de ambos gobiernos.
La hora de las pruebas
Desde la sala de audiencias, el tribunal hizo saber los cargos que se les atribuyen a los veinte hombres que se encuentran en el banquillo. Y a partir de ahora, la actividad de los fiscales Miguel Romero y Alberto Nisman, junto a Mullen y Barbaccia, estará orientada a probar que Ribelli dirigía una "aceitada organización cuyo fin era el lucro indebido de sus miembros, mediante la extorsión a personas".
Telleldín, en tanto, se dedicaba al doblaje de autos robados, otras actividades ilegales que podía desplegar, según la fiscalía, merced al pago de dinero sucio a Ribelli y a sus hombres.
En ese marco Ribelli, que fue visto por testigos al volante de la Trafic blanca que habría derrumbado la Amia, encomendó a Ibarra, su mano derecha, que consiguieran -extorsiones mediante- que Telleldín les entregara una camioneta destinada a "algo grande que iba a aparecer en los diarios".
Ocho días antes de la masacre, el subcomisario Leal y el oficial Bareiro retiraron la Trafic blanca de la casa de Telleldín en República 107 de Ballester. Y el lunes 18 de julio del 94 el vehículo, al mando de un conductor suicida o bobo, estalló frente a la sede de las principales entidades judías del país.
La Ciudad
