Eduardo Valverde
El dirigente comunista José Schulman, víctima del terrorismo de Estado y uno de los denunciantes del ex juez federal Víctor Brusa ante el magistrado español Baltasar Garzón y el Consejo de la Magistratura, aseguró que si el gobierno no concede la extradición a España del destituido funcionario judicial santafesino para ser sometido a juicio ha decidido "iniciarle una causa penal", la que puede prosperar porque éste no está amparado por las denominadas leyes de impunidad ni ha sido juzgado por estos hechos. Schulman dialogó con La Capital luego de una conferencia de prensa en la Casa de la Memoria, en la que estuvo acompañado por el abogado Norberto Olivares, dirigente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), y por los dirigentes de Izquierda Unida Fidel Tonioli, Jorge Testero, Elida Luna y Silvia Fernández León. Schulman aseguró que "después de tantos años de lucha, hemos logrado que en la Audiencia Nacional Nº5 de Madrid, a cargo del juez Garzón, en la causa por genocidio en la Argentina, se expida una orden de detención no sólo contra Brusa sino contra Eduardo Ramos, Mario Facino, María Eva Aebi y algunos otros delincuentes terroristas que componían la banda del terrorismo de Estado que en la ciudad de Santa Fe destruyó a tantos centenares de compañeros". Más adelante precisó que "ese circuito del terror tenía su centro en la seccional 4ª de policía, que estaba ubicada en bulevar Zavalla y Tucumán", en la ciudad capital de la provincia. Schulman aseguró que la motivación que llevó a pedir ser parte querellante en la causa contra el ex juez se funda en que no quiere que "se transforme en una discusión entre Brusa y el gobierno, porque en ella están ausentes las víctimas y la sociedad santafesina, principal destinataria del sistema de terror que sirvió para construir esta Argentina de injusticias que hoy tenemos". "Queremos marcar el cinismo de una clase gobernante, que en la provincia de Santa Fe y en el país alega combatir el terrorismo para invadir Afganistán y desatar una guerra santa en todo el mundo, y se niega a entregar a los terroristas como Brusa y Ramos al gobierno de España que ha solicitado su extradición, permitiendo que caminen por la calle libremente", añadió. Finalmente, a la hora de considerar la posibilidad de que el gobierno de Fernando de la Rúa decida no conceder la extradición del ex juez federal santafesino solicitada por Garzón -amparándose en el principio de territorialidad, como ya ocurrió en el caso del ex marino Alfredo Astiz, que permanece en libertad dentro del país-, Schulman reveló que "en ese caso, nosotros iniciaríamos acciones penales contra Brusa, quien no puede alegar cosa juzgada ni ampararse en la obediencia debida".
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