En esta última década, Argentina no logró armonizar políticas que generen la posibilidad de desarrollar negocios rentables y, por ende, emprendimientos que puedan acceder al financiamiento bancario.
La recesión de los últimos tres años se acompañó por una mayor presión tributaria, que apuntaba a generar recursos en el sector público y de esta forma equilibrar el presupuesto nacional. A partir de esta metodología, se produjo un círculo vicioso en dos aspectos. Por un lado, el sector privado comenzó a se menos competitivo, a perder rentabilidad y dejar de lado nuevas inversiones. Por otra parte, el gobierno tampoco logró recaudar lo previsto, siguió mostrando un déficit crónico y endeudándose en el mercado.
Así, el sector público comenzó a desplazar al sector privado del mercado del crédito. Mientras que en junio de 1998 los créditos al sector público ascendían a 22.000 millones y al sector privado en 66.000 millones, en la actualidad el sector público absorbe 30.000 millones y el sector privado menos de 60.000 millones.
Sin embargo, de cara al futuro, si el Estado nacional, provincial y municipal se comprometen al déficit cero, se debería pensar que todo el proceso de desplazamiento del crédito del sector privado hacia el público, tendría que comenzar a revertirse. De este modo, se podría analizar una flexibilización en las regulaciones prudenciales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que las empresas puedan tener un mejor acceso al crédito bancario, en tanto presenten negocios y proyectos viables, y de esta forma poder potenciar la salida de la crisis.
Ahora se abre una nueva etapa -el compromiso del déficit cero- y algunos cálculos indican que podrían volver al mercado más de 30.000 millones que le fueron prestados al sector público, 5.000 millones de dólares al año podrían aportar las AFJP, y las entidades financieras tienen un stock de 15.000 millones en títulos públicos, que deberían disminuir si su tasa de retorno baja, y transformarse lentamente en créditos a la actividad productiva.
Es necesario establecer un nuevo esquema a través del crédito genuino y bien direccionado. La crisis del efecto tequila hizo que las autoridades monetarias trabajasen a partir del año 1995 en pos de un sistema financiero solvente, con regulaciones prudenciales muy severas. Esto permitió sortear sin riesgo alguno las crisis provenientes del sudeste asiático, Rusia y Brasil.
La conclusión a la que se pretende llegar es la siguiente: si al anclaje monetario (la convertibilidad) se suma el anclaje fiscal, y todo esto en el marco de un sistema financiero solvente, la suma de estos tres elementos debería generar un escenario de crecimiento en los años próximos.
En un escenario de crecimiento, las entidades financieras dejarán de tener en sus activos bonos del Estado, dado que le será más rentable ocuparse plenamente en la intermediación de fondos en el sector privado, debido a que el sector público dejará de ser una oportunidad de negocios.
Como consecuencia, debería haber una expansión importante del crédito en el sector privado, que posibilite una mayor inversión, incremento de la actividad económica, suba en el nivel de empleo, aumento en la recaudación tributaria, congelamiento del gasto público, eliminando impuestos distorsivos con el aumento de la recaudación, y de esta forma impulsar nuevas inversiones, volviendo a repetirse el círculo virtuoso de la economía.
El crédito y las pymes
Las regulaciones prudenciales que tiene el BCRA debían ser muy estrictas, ya que el Estado no parecía confiable en un escenario en donde de manera permanente incurría en déficit fiscales crónicos, incrementaba su endeudamiento, le quitaba financiamiento al sector privado y comprometía cada vez más los ingresos estatales a través del pago de los intereses de la deuda creciente.
Instaurada en la vida económica Argentina la ley de déficit cero, el sector privado debería recibir una mayor cuota de financiamiento, y la tasa riesgo país descenderá en función de un ordenamiento lógico en el endeudamiento público.
En este contexto, parecería útil iniciar un debate sobre el nuevo rol a cumplir por las regulaciones prudenciales del BCRA, apuntando a la recuperación económica.
Con las imposiciones de un capital del 11,5% sobre el total de activos de riesgo -cuando a nivel internacional esta imposición es del 8%, sugerido por las normas de Basilea- se limitan los préstamos de las entidades financieras, con el fin de mostrar un sistema financiero que es extremadamente sólido para una economía que es sumamente débil.
Con la norma tal cual está, las entidades prestan hasta 8,7 veces el capital. En cambio si se bajara la exigencia de capital a 8 pesos por cada 100 pesos de activo, esto permitiría acrecentar los negocios con la actual estructura, manejar un mayor caudal de fondos, derivando en una caída de la tasa activa. Las entidades pasarían a prestar hasta 12,5 veces su capital. Esto significa incrementar más de un 40% su capacidad prestable.
El BCRA, de manera conjunta con las entidades del sistema, debería apuntar a un régimen de incentivos de forma tal de allanar el camino para que las entidades coloquen una mayor porción de fondos en el sector de la pequeña y mediana empresa argentina, sugiriendo que la cartera pymes se individualice en los informes financieros de las entidades en forma separada, y que conozcan más cabalmente la realidad del sector, su volumen de negocios, su grado de cumplimiento, y en todos los casos un análisis más detallado de sus estados contables, de forma tal que los bancos sean también los impulsores de su desarrollo, como también los primeros en tratar de corregir los desvíos en que incurren este tipo de empresas.
También sería interesante considerar un sistema de calificación crediticia que sea uniforme entre las entidades, a los efectos de facilitar el contralor de las auditorías interna y externa, las calificadoras de riesgo y el mismo BCRA.
El proceso de transformación iniciado en la década del 90 generó diferencias entre las empresas de mayor tamaño. Pero si las pymes se desarrollan, también las grandes empresas se benefician, los bancos pueden trabajar con empresas más sólidas y mejor estructuradas, y por último el Estado recaudará más impuestos.
(*) Analista Fundación Libertad
(**) Director de Gestión Pymes
La Ciudad
