El juicio oral y público por la conexión local del atentado contra la Amia demandó al Estado argentino una suma aproximada a un millón y medio de pesos, según datos suministrados por el Ministerio de Justicia. El desglose indica que el Consejo de la Magistratura destinó -con un refuerzo de partidas del Poder Ejecutivo- unos 600 mil pesos para la infraestructura que sostendrá el juicio. A esa cifra hay que sumarle un 20 por ciento adicional para acondicionar una sala anexa para la presencia de periodistas y público durante las audiencias. La cartera que tiene a su cargo el hermano del presidente De la Rúa aportó equipamientos por unos 400 mil pesos para dotar al tribunal de la más moderna tecnología en materia informática y para el registro de las sesiones, según explicaron ayer el ministro y viceministro de la cartera judicial, Jorge de la Rúa y Melchor Cruchaga.
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La Ciudad
