Carlos Telleldín, el reducidor de autos que está acusado de haber entregado la camioneta que se usó para volar la sede de la Amia, dejó entrever que durante el juicio oral y público que comienza el lunes podría revelar datos sobre supuestas negociaciones que habría llevado adelante con la Side para inculpar a los policías que también están presos por integrar l a llamada conexión local.
También aseguró que la versión de la fiscalía "es una historia payasesca" porque "me acusan de cómplice pero no dicen de quién", y remarcó que era víctima de las extorsiones de los policías que también serán juzgados.
Desde la cárcel, Telleldín adelantó ayer que insistirá en que no sabía para qué se iba a utilizar la camioneta Renault Trafic que él envió a acondicionar y que fue entregada -según su versión- a un grupo de policías el 10 de julio de 1994, apenas ocho días antes del ataque.
"Si me condenan a mí por el atentado, es como si condenaran a los dueños de American Airlines por el atentado a las Torres Gemelas", aseguró.
¿Le pagaron 400 mil pesos?
Cuando fue consultado sobre la versión que indica que la Side le pagó 400 mil pesos justo antes de nombrar a los policías y le preguntaron si iba a reconocer que cobró ese dinero, el reducidor de autos contestó: "Eso me lo reservo para el juicio".
No fue en el único punto que dejó abierta la puerta a una revelación. Telleldín prometió que va a explicar por qué horas después del ataque a la mutual judía viajó hacia la zona de la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay, como sostienen los fiscales.
"A eso ya lo voy a explicar, pero recuerdo que yo estaba siendo perseguido por la Brigada de Investigaciones de (Juan José) Ribelli (también imputado). Y aclaro que es falso que me fui a la Triple Frontera, como dicen por ahí. Yo me fui a Posadas. Y desde allí mantuve diálogos con Brousson y Luna, de la Side", dijo.
Al pedirle más detalles sobre esa aseveración, Telleldín sólo agregó: "por ahora no quiero decir nada más".
Mientras, el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, explicó que anteanoche el presidente Fernando de la Rúa firmó un decreto con el que se aplicará un régimen de protección de testigos a partir del lunes, cuando comience el juicio por el ataque terrorista.
La medida apunta a resguardar y proteger a quienes aporten datos significativos durante el juicio oral o en declaraciones espontáneas ante los fiscales y el juez Juan José Galeano, a cargo de la causa. Se enmarca en el interés judicial y gubernamental en "reflotar" la campaña de recepción de información que pueda ser significativa para la investigación por el atentado.
El decreto podrá ser aplicado a cualquier testigo, en especial a los de identidad reservada, y a toda persona que brinde datos en declaraciones espontáneas -y en forma paralela al desarrollo del proceso- ante el juez Galeano.
Ayer también se supo que dos miembros del Consejo Judío de Asuntos Públicos, con sede en Estados Unidos, asistirán al juicio por el atentado a la Amia. Ellos son Martin Raffel, director, y Leonardo Cole, socio ejecutivo del Consejo, que agrupa a más de un centenar de entidades judías. Ambos llegarán mañana a Buenos Aires.
La Ciudad
