El Ministerio de Gobierno provincial evalúa la posibilidad de trasladar presos a instalaciones militares con el objetivo de descomprimir los penales de las comisarías. Con esa finalidad, ayer se produjo la primera reunión entre el titular de la cartera política, Lorenzo Domínguez, y el comandante del Segundo Cuerpo del Ejército, Pacífico Britos. El gobierno examina una lista de las edificaciones castrenses que podrían ser utilizadas, mediante el pago de un canon, para ubicar entre 300 y 600 detenidos, que alcanzan al tercio de la población carcelaria localizada en seccionales policiales.
La iniciativa de emplear como penales las instalaciones militares no es nueva. Funcionarios del Ministerio de Gobierno y el propio ex ministro de Gobierno, Angel Baltuzzi, habían mantenido conversaciones con representantes del Ejército al respecto. Pero la reunión de ayer fue el primer acercamiento oficial.
"El objetivo es contar con instalaciones más adecuadas, de carácter previsional, que permitan descongestionar las comisarías. La peor condición posible para un preso es estar detenido en una comisaría, donde se facilitan los accidentes, las fugas, los suicidios y los motines", destacó Domínguez, quien ya tiene en sus manos un listado de las instalaciones militares que podrían ser alquiladas por el gobierno.
Las características de esos establecimientos son diversas. Según Domínguez, se trata de "edificios pabellonados, grandes barracas y construcciones con pequeñas habitaciones". Esta semana, técnicos del Servicio Penitenciario (SP) recorrerán las instalaciones con el objetivo de determinar el presupuesto por las mejoras y reformas que serán necesarias. Según trascendió, la mayoría de esas reparticiones militares se encuentran en el norte provincial, dos de ellas con asiento en Guadalupe y Santo Tomé.
Domínguez aseguró que ésta sería una "medida provisoria" hasta que se construyan las cárceles de Piñero y Timbúes, con capacidad para 550 presos cada una, las cuales estarían finalizadas dentro de dos años.
El ministro anticipó que las instalaciones militares tendrían capacidad para 300 a 600 detenidos. Esas plazas serían ocupadas por los internos de establecimientos carcelarios que gozan de buena conducta. Los lugares que dejarían vacantes en las cárceles serían cubiertos por la población alojada en las seccionales, que trepa a 1.800 presos según cálculos oficiales.
Si la iniciativa prospera, el monto del canon de alquiler sería fijado por el Tribunal de Casaciones de la Nación, entidad que establece los precios de los inmuebles cuando se venden o alquilan propiedades entre organismos del Estado.
En tanto, la custodia de los detenidos estaría a cargo de personal del SP actualmente en funciones, aunque el gobierno no descarta incorporar más guardiacárceles una vez que se implementen los ascensos escalafonarios previstos para este año.
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La Ciudad
