Denuncian que un comisario obligaba a presos a construir su casa

Se trata de Gabriel Capsi, jefe de la cárcel de Bariloche, quien fue separado de su cargo mientras se lo investiga

El jefe de la cárcel de Bariloche, comisario Gabriel Capsi, fue separado de su cargo y obligado a tomarse la licencia anual mientras un juez local investiga si utilizaba presos condenados para construir su casa particular en un barrio residencial, indicaron fuentes de la investigación. La denuncia que motivó la pesquisa fue realizada en forma anónima, y el caso tomó estado público cuando uno de los obreros que trabajaba en la obra se accidentó y debió ser atendido en el hospital zonal con traumatismos en todo el cuerpo.
Un pariente del herido, que no se identificó, hizo llegar la denuncia al juez Juan Manuel García Berro, acompañada por fotografías que mostrarían a un grupo de al menos tres presos trabajando en la edificación de Capsi.
El denunciante indicó que el jefe policial les hacía preparar los materiales en el taller de la alcaidía, e incluso manifestó sus sospechas de que se utilizaban insumos que la provincia de Río Negro enviaba para realizar mejoras en el edificio carcelario.
Al respecto, una fuente penitenciaria recordó que la cárcel de encausados de Bariloche tiene serios problemas edilicios, lo que provoca un hacinamiento ilegal.
El máximo jefe policial de Bariloche, comisario mayor Fernando Geldres, confirmó ayer la investigación judicial y agregó que para facilitar la tarea del juez ordenó a Capsi tomarse la licencia anual. Con la misma intención, señaló que decidió reubicar a los oficiales más cercanos al imputado, de las áreas de logística y construcción de la cárcel, en otras dependencias policiales de Bariloche.
Geldres dijo que a la par de la investigación de García Berro se instruye un sumario policial, y afirmó que no podía aún indicar cual sería la sanción que podría corresponderle a Capsi al término de las pesquisas.
García Berro tomó declaración a varios testigos, entre los que se encuentran los presos que supuestamente trabajaban en la obra de Capsi, todos condenados, y ordenó dos allanamientos, uno en la vivienda en construcción y otro en la Alcaidía.
Algunos testimonios coincidieron en señalar que Capsi se valía del sistema de calificaciones de internos para hacerlos trabajar. Según esas aseveraciones, les prometía premios en el legajo si lo hacían y, en cambio, los amenazaba con perjudicarlos si se negaban. Esto repercutiría en el tiempo de encierro de los internos.
En la cárcel de encausados barilochense hay alrededor de 120 internos, entre los cuales hay dos mujeres, y un 40 por ciento de presos con condena firme que deberían ser trasladados a lugares de reclusión para condenados. Esta situación llevó al juez penal César Lanfranchi a emitir una decena de resoluciones críticas hacia el gobierno de Río Negro y las autoridades policiales.
Las decisiones del juez se relacionaron básicamente con las condiciones de detención de los internos y algunos castigos que había adoptado Capsi, que están prohibidos por la ley carcelaria provincial. En este último caso, la resolución judicial estuvo relacionada con una sanción que había adoptado Capsi respecto de 17 presos a quienes acusó por un motín cuyo origen nunca se esclareció.
El "castigo" había consistido en no dejarlos salir de la celda por algunos días, pero los presos presentaron recursos de amparo que Lanfranchi falló favorablemente. (Télam)

El trabajo en la casa incidía en el tiempo de detención.