Mediante una resolución que incluirá críticas a la investigación penal que desde hace 15 meses mantiene preso al ex titular del Pami, Víctor Alderete, la Cámara Federal porteña dispondrá esta semana la liberación del ex funcionario menemista, quien está acusado de ser el jefe de una organización delictiva, que usufructuaba dineros de la obra social de los jubilados. Esta resolución sería utilizada por Alderete contra el ex juez federal Alfredo Bagnasco, que estuvo a cargo de la causa.
Según se adelantó, la sala II de la Cámara Federal revocará la resolución mediante la cual el entonces juez Bagnasco dictó en febrero pasado el procesamiento y la prisión preventiva de Alderete, a quien atribuyó la jefatura de una asociación ilícita que habría defraudado al Estado y a los afiliados de la obra social.
Los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi, de la sala II, definirán el asunto en la reunión de acuerdo de hoy, según ratificaron fuentes judiciales. Pero su decisión se conocería recién pasado mañana a menos que logren antes resolver una serie de incidentes planteados en el expediente.
Alderete, se descuenta, utilizará el fallo a favor para sumar pruebas a la denuncia que promovió contra Bagnasco, quien en marzo renunció a la magistratura para dedicarse al ejercicio de la abogacía desde el estudio del ex juez de la Corte, Mariano Cavagna Martínez.
Acusación
A través de su defensor, León Arslanián, el ex mandamás del Pami denunció a Bagnasco por presunto prevaricato, es decir que lo acusó de haber dictado resoluciones contrarias a la ley. Bagnasco ordenó el arresto de Alderete el 16 de junio de 2000 y, en principio, lo procesó y envió a prisión bajo cargos de presunto fraude por los contratos que la obra social celebró con las firmas privadas Advertising Image SA, Instituto de Macropsicología SA, Cercoman SA, Imara SA y Bureau Veritas Argentina SA.
El 12 de febrero pasado Bagnasco fue más allá y agravó en forma sorpresiva la situación de Alderete al procesarlo como mandamás de una organización delictiva. Para entonces, la Corte Suprema de Justicia analizaba el recurso que había llegado al máximo tribunal para la excarcelación del acusado.
El entonces juez, además, trabó un embargo de 7,5 millones de pesos sobre los bienes de Alderete.
Posteriormente la Corte Suprema dejó sin efecto la decisión de Bagnasco de negar la excarcelación a Alderete, y reprendió a los camaristas Irurzun y Horacio Vigliani, que habían ratificado el argumento del juez. La medida de la Corte dejó a Alderete a un paso de la libertad, pero siguió preso porque pesaba en su contra el segundo y más grave procesamiento dictado por Bagnasco. En los próximos días, la Cámara se pronunciará sobre esa decisión, una de las últimas que tomó el juez antes de renunciar.
Y se descuenta que la Cámara dispondrá la libertad de Alderete con duros cuestionamientos a la investigación que realizó Bagnasco. (DYN)
La Ciudad
