El ex jefe de la agrupación guerrillera Montoneros Mario Eduardo Firmenich deberá regresar a la Argentina en los próximos 45 días, para presentarse a prestar declaración indagatoria ante un juez en lo correccional por haber cometido supuesta apología del delito.
Fuentes judiciales precisaron que pese a que Firmenich había sido citado a indagatoria para el 22 de agosto pasado y no se presentó, sus abogados lo pusieron "a derecho", es decir a disposición de la Justicia.
Por esa razón, el juez correccional Fernando Pigni decidió no librar una orden internacional de detención sino enmarcarse en los convenios bilaterales vigentes en materia judicial con España, país donde reside actualmente el ex guerrillero.
Esos tratados establecen un lapso de 45 días para fijar una nueva fecha de presentación del imputado, para facilitarle que pueda viajar a cumplir efectivamente con el trámite.
El fiscal Marcelo Martínez Burgos ya se pronunció en favor de esa nueva citación y el juez Pigni deberá fijar en los próximos días la fecha en la que Firmenich deberá comparecer como acusado de un delito que contempla penas de un mes a un año de prisión.
El ex jerarca montonero fue denunciado por el ex concejal radical porteño Humberto Bonanata, un abogado muy allegado al círculo íntimo del presidente Fernando de la Rúa.
El 6 de agosto último, Bonanata -concejal entre 1993 y 1997-, a título personal, había denunciado a Firmenich a raíz de declaraciones radiales en las que el ex líder guerrillero aseguró que no mató "a nadie inútilmente, ni por gusto ni por sadismo".
En defensa propia
"Yo nunca he matado a nadie inútilmente, ni por gusto ni por sadismo ni por nada. He ejercido la defensa propia que está legítimamente establecida en los códigos penales, en las Constituciones y en el derecho de resistencia a la opresión en todo el mundo y desde hace mucho, mucho tiempo", dijo Firmenich en declaraciones a una radio porteña.
El 22 de agosto, fecha en la que debía comparecer ante el juez Pigni, el fiscal Martínez Burgos recibió nada menos que tres amenazas de bomba, todas falsas, en su despacho del edificio judicial de Avenida de los Inmigrantes 1950, en la zona porteña de Retiro.