Casilda. - El flamante Foro Regional en Defensa de los Pequeños y Medianos comerciantes reclama que la Legislatura provincial sancione una ley para suspender por 180 días la instalación de híper, megamercados y cadenas de descuento en todo el territorio santafesino.
El organismo prevé reunirse el próximo jueves con los presidentes de bloque de la Cámara de Diputados para exigir esa medida y la aprobación de un proyecto que tiene como propósito regular la habilitación de este tipo de emprendimientos. La presión surge porque la Cámara baja dispuso una preferencia parlamentaria al tratamiento de estas iniciativas dentro de las tres próximas sesiones.
La entidad además solicitará una audiencia con el Ejecutivo provincial e invitará a candidatos a cargos nacionales para que expresen públicamente su posición respecto de este conflictivo tema.
La decisión fue tomada la semana pasada en el marco de un plenario realizado en el Centro Cultural de la capital provincial del que participaron políticos de varias localidades santafesinas, representantes de asociaciones de almaceneros, centros económicos y cámaras empresarias. El encuentro fue presidido por ediles santafesinos y causó malestar la escasa concurrencia de diputados provinciales.
Paraguas legal
En ese contexto el intendente Eduardo Rosconi remarcó los "efectos negativos que traería para la economía local la instalación de estos comercios" y abogó por la sanción de "normas que frenen el avance de los grandes grupos económicos". En este sentido, resumió: "Venimos a Santa Fe a buscar un paraguas legal".
La movida contra la radicación de megamercados surgió en Casilda cuando el municipio denegó un pedido de habilitación a una multinacional por considerar que provocaría "un impacto negativo para la ciudad". La medida fue respaldada por la comunidad a instancias del reclamo de almaceneros y pequeños comerciantes.
Luego se sumaron otras ciudades como Rosario, Venado Tuerto, Villa Constitución y Firmat para fortalecer la defensa de las economías regionales. Eso derivó en una ordenanza marco municipal que regula la instalación de este tipo de comercios.
Sin embargo, esta herramienta es insuficiente para prohibir la radicación de grandes grupos económicos en pequeñas ciudades, por lo cual todas las miradas apuntan a la sanción de normas provinciales. "Debe existir una malla de contención legal porque está en juego la subsistencia de las comunidades santafesinas", sostienen.
La Ciudad
