El jefe de los recaudadores no sabe de impuestos

Pablo Kandel

Si repasamos la lista de titulares de la DGI o de Afip, históricamente, encontramos que todos ellos tuvieron especialidad tributaria, algunos fueron buenos y otros no sirvieron, pero todos ellos al menos conocían de impuestos.
Empezando por Leonel Massad, quien fue uno de los primeros al timón de la DGI, y que todavía hoy, 28 años después, sigue siendo el de mayores conocimientos en materia impositiva.
Siguiendo por Ricardo Cossio, quien desempeñó el puesto en época del proceso, cuando Juan Alemann era secretario de Hacienda, y después durante Menem, bajo la secretaría de Ingresos Públicos de Carlos Tacchi, el hombre que más sabía de impuestos en el país.
Cossio y Tacchi lograron los mayores índices de lucha contra la evasión, aunque es cierto que el clima macroeconómico en esos tiempos era muy distinto.
Carlos Silvani estuvo en el puesto, más recientemente, porque fue designado por el FMI y había colaborado en la reestructuración de sistemas tributarios en 39 países.
También había estado antes Raúl Cuello, uno de los más eminentes tributaristas argentinos, y en el período radical Marcelo Da Corte y Horacio Casabé, economistas y tributaristas.
Y el último fue Héctor Rodríguez, radical pero también abogado especialista en derecho tributario, quien fue enviado de la noche a la mañana a la Vicejefatura de Gabinete sin estar enterado de su reemplazo.
Afip pasó ahora a manos de Armando Caro Figueroa, de la línea cavallista, quien sería secundado en la DGI por el justicialista ruckaufista Horacio Rodríguez Larreta. Ambos comparten la característica de no haber tenido en sus trayectorias nada que ver con impuestos y sí con la seguridad social y las leyes laborales, que son temas emparentados con los impuestos, pero de ninguna manera son lo mismo.
Ojalá que Caro Figueroa y Rodríguez Larreta hagan una trayectoria brillante al comando de la recaudación, pero también se corren riesgos por su desconocimiento del tema y además, porque su carácter de administradores les obliga a firmar resoluciones a diario que, si no están sustentadas jurídicamente, pueden derivar en juicios multimillonarios contra Afip y DGI, o sea, contra el erario público.
Porque la lucha contra la evasión exige no solamente resolución política, sino conocimientos técnicos muy profundos en el máximo nivel de autoridad, no siendo suficiente que quienes tienen el poder de decisión estén asesorados por colaboradores competentes.
Desde otro punto de vista se hace evidente algo que ya se vislumbraba hace cuatro años, cuando se tomó la decisión de unificar la Aduana y DGI en el seno de Afip: que se creaba una superestructura monstruosa y burocrática, que se iba a juntar el agua y el aceite, que esos dos organismos, DGI y Aduana, era mejor que se controlaran recíprocamente en lugar enchalecarlas, y por último y más riesgoso, la politización del resultante paquidermo.
Ya se comprobó qué es lo que sucedió: que Afip no sirvió para la lucha contra la evasión, que su presupuesto sufrió y se le fueron los mejores hombres y que su accionar está encuadrado en constantes conflictos gremiales.
Ahora se le agrega otro condimento: que Afip está abierta al reparto político y eso a su vez puede llegar a ser muy bienhechor para los evasores. (DyN)