"Mientras en el país sigamos tomando la violencia familiar como una problemática judicial va a haber cada vez más casos de maltrato infantil". El pediatra Luis Besedovsky, fundador del Teléfono Amarillo, formuló la advertencia a propósito de un hecho concreto: un caso de maltrato que derivó en un procedimiento policial en la localidad de Villa Gobernador Gálvez. Allí, una mujer de 32 años fue detenida anteayer bajo acusación de someter a graves castigos a sus cuatro hijos de 3 a 12 años.
La detención de la mujer puso en marcha la maquinaria judicial. Mientras la detenida afronta una causa penal por lesiones agravadas por el vínculo, los menores fueron alojados en forma provisoria en una comisaría bajo tutela de un juzgado de Menores.
Sin embargo, para Besedovsky, los casos de violencia familiar no deberían tomarse como cuestiones judiciales porque de esta forma sólo se logra la penalización de la pobreza: "Hay que tomar a la violencia familiar como una problemática social. Desgraciadamente, muchas veces la pobreza se confunde con maltrato. Y la violencia no es judicial, es social". El profesional asegura que los procesos penales producen una mayor victimización al menor blanco del maltrato: "Cuando un padre golpeador atraviesa un proceso penal, generalmente reincide revictimizando al chico. Y si al menor se lo envía a una institución, también se lo convierte en víctima".
El caso que trascendió ayer ocurrió en el barrio de Pueblo Nuevo, en Villa Gobernador Gálvez. María Ester Merlo, de 32 años, fue apresada por agentes de la comisaría 25ª a las 21 del viernes, en su casa de Polonia al 200. Está acusada de someter a graves tormentos a sus cuatro hijos: tres nenas de 6, 9 y 12 años y un varón de 3. Según la denuncia de un grupo de vecinos, los menores eran golpeados con palos y cables y agredidos con agua caliente o helada, no asistían a la escuela y eran obligados a mendigar. La mujer vivía con su concubino, quien no tendría relación con los hechos.
El caso había sido denunciado un año antes por los mismos vecinos en el juzgado de Menores Nº 3. Se asignó una asistente social al caso, pero la situación -según los denunciantes- no se modificó. Ahora Merlo quedó imputada de lesiones agravadas por el vínculo a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 12. La policía informó que en la vivienda se secuestraron dos trozos de cables que habrían sido utilizados por la mujer para castigar a sus hijos.
Los más chicos fueron retirados de la vivienda y trasladados a la Sección Policía de Menores Femenino tras ser examinados por el médico forense. La nena de 12 años al parecer era la más castigada. Según información policial, presentaba lesiones diagonales en brazos y antebrazos, en la región dorsal, abdominal y traumatismo de cráneo. La chica fue alojada en la casa de sus abuelos paternos, luego de recibir asistencia médica en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela.
Allí se registran unos diez casos de maltrato por mes, según datos del Comité de Maltrato Infantil. Para Besedovsky, existen ciertas circunstancias que hoy favorecen el recrudecimiento de la violencia familiar: "La violencia tiene auspiciadores. La caída de la clase media, el aumento de la desocupación y la crisis económica actúan como gatilladores del maltrato infantil: hacen que los frenos para controlar la violencia se destraben".
Besedovsky sostiene que los juzgados no cuentan con las herramientas suficientes para realizar un seguimiento adecuado cuando los padres salen de prisión. "La penalización conduce a una mayor victimización. Y, si bien no es algo lineal, el chico maltratado tiende a repetir esa violencia que aprendió", afirmó el profesional, quien propuso como un camino alternativo la creación del Consejo del Menor, tema que se discute actualmente en la Cámara de Senadores de la provincia.
La Ciudad
