Las droguerías se quejan porque no pueden vender remedios a obras sociales

Salud provincial responde que la prohibición apunta a garantizar la seguridad de los medicamentos

Directores de distintas droguerías de Rosario rechazaron la implementación de una ley de 1950 que les impide comercializar medicamentos a las obras sociales. Eso obliga a que, para acceder a drogas oncológicas o contra el HIV, los enfermos deban pagar en la farmacia valores de hasta un 40 por ciento más de su costo original. Pese a este panorama, el subsecretario de Salud provincial, Ramiro Huber, fue tajante: "Respetamos la ley para garantizar la seguridad del medicamento, si no facilitaríamos la circulación de drogas truchas".
Los cañones de los dueños de las droguerías apuntan al decreto-ley 1.674 provincial, que data de 1950. "Las droguerías venderán sus productos exclusivamente a las farmacias y estas ventas deben realizarse a nombre de la institución y del profesional farmacéutico", dice la ley, ratificada por una legislación nacional en 1998.
"Esa ley se ajustaba a otros tiempos, cuando los farmacéuticos preparaban y envasaban productos para su expendio. Hoy, en cambio, las farmacias son simples comercios donde el farmacéutico vende lo que recibe sin tener ninguna intervención en el producto", dijo Víctor Gallo, titular de Droguería Rosfar.
Según el comerciante, el paso obligado por las farmacias exige a las obras sociales un incremento notable en los costos, sobre todo en las drogas oncológicas y para tratamiento del sida, cuyos valores promedian los 3 mil pesos.
Otra queja de Gallo apunta a que mientras las droguerías locales están supervisadas por la Inspección de Farmacias de la 2ª circunscripción, "entran droguerías de otras provincias y les venden directamente a las obras sociales sin que nadie les diga nada".
Incluso, la legislación afecta también a los titulares del Consejo de Recuperación del Incapacitado Cardíaco (Cordic), quienes desde hace 4 años no pueden dar medicamentos a los carenciados por considerarse ejercicio ilegal de la medicina.
El funcionario provincial Ramiro Huber afirmó que "el tema que le compete al Estado tiene que ver con la seguridad del medicamento". Para ello, puntualizó que se deben cumplir dos condiciones: respetar la cadena de comercialización y cumplir con la dispensa profesionalizada, o sea, que sea el farmacéutico el que entregue el medicamento al consumidor final.
Huber admitió que "hay otras provincias que no cumplen estrictamente lo que la ley exige", pese a que están desoyendo al decreto nacional de 1998 avalado por el Consejo Federal de Salud. "Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Córdoba no son tan estrictas como Santa Fe", reconoció el funcionario.
El subsecretario de Salud demostró además su desacuerdo con la posición de las droguerías, ya que consideró que tienen "endebles argumentos". "No es indicado que ellos quieran sacar el eslabón profesional de la cadena de comercialización", indicó. Y propuso "revisar el nivel de ganancia de los laboratorios productores, mejorar la conducta de los médicos en cuanto a la prescripción y rebajar las ganancias de las droguerías. Todo eso encarece el producto, y no la intervención del farmacéutico", indicó.
En lo que respecta a Cordic, dijo que en este momento el Colegio de Farmacéuticos está analizando la viabilidad de no subir los costos en la dispensa de medicamentos que sean gestionados por esa entidad.