El relevamiento catastral aéreo que le costó al gobierno de Santa Fe 30 millones de pesos resultó un negocio redondo: le permitió incorporar desde el 2001 unos 23,5 millones anuales al padrón del impuesto inmobiliario nada más que en el sur de la provincia, emitir -también este año- intimaciones por mejoras no declaradas con retroactivos por otros 53 millones y haber recaudado ya 40 millones de las primeras notificaciones parciales lanzadas en el 98 y 99. Todo eso nada más que en la mitad sur, a lo largo de nueve departamentos.
Las cifras fueron confirmadas a La Capital por la directora del Catastro de la segunda circunscripción, Ana María Gurdulich. La funcionaria precisó que "una de cada tres parcelas de la provincia no tenía declarada la vivienda o la ampliación" y que "el promedio de superficie no declarada era de 80 metros cuadrados" por caso, es decir, el equivalente a una vivienda tipo.
Añadió que un "porcentaje importante lo cubrieron los nuevos countries o clubes de campo", con viviendas de 200 ó 300 metros cuadrados, que antes pagaban como terrenos baldíos (quizá 60 pesos al año la parcela) y ahora de cinco a diez veces más de inmobiliario.
El relevamiento catastral aéreo fue una iniciativa lanzada por el primer gobierno de Carlos Reutemann, en 1992, que necesitó casi una década para ser completado: la actualización de los terrenos y construcciones y la nueva base de datos estuvieron listas para el 2000. El trabajo se inició con la toma de fotografías desde los vuelos, siguió con una campaña de confirmación mediante censo casa por casa y por último la elaboración de la nueva base.
Producto de ello, el avalúo de los terrenos y mejoras (es decir, la cotización oficial de las propiedades) ascendió de 16.472 millones de pesos en 1996 a 19.417 millones en 2001, en el sur provincial. Ese agregado de 2.945 millones, traducido en emisión de boletas del inmobiliario (multiplicado por el coeficiente del 8 por mil), representa los 23,5 millones de pesos incorporados a partir de este año.
-¿Pero puede ser que lo que se incorpora para cobrar todos los años sea casi el equivalente al costo de la licitación? ¿Que bastaría la recaudación de sólo un año para pagarla?
-Es correcto. Y estamos hablando del sur de la provincia nada más.
La respuesta de Gurdulich se completa con el dato de que hoy por hoy "Santa Fe es la única provincia del país con la información actualizada de todo el territorio", ya que "en las restantes existen sólo trabajos parciales: o bien enfocados a ciudades principales o bien a una parte de toda la jurisdicción".
La licitación había sido ganada por una UTE (unión transitoria de empresas) conformada por firmas nacionales e internacionales a la que se pagó con un crédito del Banco Mundial a tasa blanda y en varios años.
En su momento, políticos opositores descreyeron del beneficio y la oportunidad del revalúo manifestando las dudas acerca de si el gasto (o la inversión) iba a tener el retorno esperado. Ahora se advierte que resultó mayor al imaginado. Entre tantas opiniones se destaca ahora un artículo de La Capital del 12 de noviembre de 1997. El título: "Se pierden 20 millones al año por un catastro desactualizado"
Las estadísticas de recaudación del inmobiliario en la provincia muestran el aumento de los últimos años: el 97 y 98 cerraron con 186 millones, en el 99 fue de 202 y en el 2000 de 214 millones. En los últimos meses se advirtió un descenso producto de la crisis económica.
La directora del Catastro consideró que el beneficio del relevamiento no resulta únicamente recaudatorio, sino que se extiende a otros ámbitos como el agropecuario, industrial, inmobiliario y comercial. Dijo, como ejemplos, que "en la actividad agropecuaria permite planificar según los tipos de suelo, los precios de la tierra o terrenos inundables; en la inmobiliaria se pueden consultar estados de dominio, superficie edificada, servicios disponibles de agua potable o cloacas, y al Estado le sirve para la planificación de obras viales, hídricas, ubicación de nuevas escuelas y sistemas de atención primaria".
Balance positivo
-El balance que hacen ahora, entonces, es altamente positivo.
-Sí. Porque los organismos impositivos del Estado disponen de información para elaborar políticas tributarias más ajustadas a la realidad y generar un mejor sistema de control de la evasión. Al procesarse los datos de distintas fuentes (fotografías aéreas, imágenes satelitales, planos de mensuras, títulos de propiedad) se establece no sólo la superficie cubierta sino la categoría de la edificación. Y la determinación de un impuesto acertado. De lo que estamos hablando, en definitiva, es de la defensa del principio de equidad, de justicia social. No se equivocaron el gobernador Reutemann y el ministro (Juan Carlos) Mercier cuando propusieron y defendieron la licitación del relevamiento catastral aéreo en la primera gestión. El impulso fue de ellos, hay que decirlo.
-¿Ese trabajo no se podría haber hecho con las herramientas del Estado? \-No. Era muy complejo y con el número de inspectores de que disponemos jamás se habría alcanzado una información tan completa de toda la provincia. Es un servicio que quedó para la administración del Estado y que permite, por ejemplo, una actualización constante mediante el cruzamiento de datos con las Municipalidades y entes privados. El Sistema de Información Territorial (SIT), como se llama, resultó una poderosa herramienta de gestión puesta como ejemplo hasta por el Banco Mundial.
-¿Los countries representaron un porcentaje importante de las nuevas edificaciones incorporadas? \-Sí. Se registra una gran expansión en Funes, Roldán, Ricardone, que tiene una buena ubicación geográfica, Casilda, Pueblo Esther y Alvarez, donde también se están instalando y donde se advierte un buen loteo. Hemos relevado lo que está construido y monitoreamos los nuevos.
La Ciudad
