Marcelo Miño es un cabo de la policía provincial que el 9 de septiembre del año pasado cumplía funciones en la subcomisaría 19ª del barrio Las Flores. Aquel día, lo que las autoridades policiales presentaron como un intento de fuga del penal fue advertido por la guardia de la seccional. Entonces, la situación derivó en un motín que se extendió por más de nueve horas. Durante ese tiempo, Miño y los agentes Uriel Turigino y César Ludueña fueron rehenes de los reclusos, quienes los golpearon y les produjeron varias heridas. Tras ello, el cabo Miño sufrió un estrés postraumático y severas consecuencias psicológicas que lo alejaron de su trabajo y en la actualidad lo obligan a permanecer inactivo bajo licencia por enfermedad. Por todo ello demandó al Estado provincial por los daños y perjuicios ocasionados en la suma de 350 mil pesos.
La presentación de Miño, patrocinada por las abogadas María Esther Altamirano y Edit Giraudo, recayó en el juzgado Civil y Comercial número 12 a cargo de Rodolfo Bruch. Antes de ello, como lo anunciara La Capital en su edición del 18 de marzo último, Miño y sus compañeros habían planteado un reclamo administrativo ante el Ministerio de Gobierno santafesino "del cual nunca se obtuvo respuesta", sostuvo ayer la doctora Altamirano.
"Proceder negligente"
Según la profesional, el reclamo contencioso administrativo contra la provincia -anteriormente presentado- se basó en "el proceder negligente del Estado para con mi cliente". Con ese mismo argumento y ante la falta de respuesta del poder político, ahora la demanda llegó a los Tribunales.
"En base a la negligencia del Estado, los agentes que sufren las consecuencias de ser rehénes en motines quedan en una situación de vulnerabilidad que se verifica en varios puntos", sostuvo ayer Altamirano.
A la hora de detallar las negligencias en las que cae el poder político provincial, la abogada dijo que "los policías se ven sometidos, por orden de la provincia, a tareas para las cuales no fueron contratados. Ellos son, en rigor, empleados como policías y no como agentes penitenciarios y se les paga como lo que son sin recibir adicionales por las tareas que les mandan cumplir", dijo.
Asimismo, Altamirano remarcó que "los policías no fueron instruídos para cumplir tareas carcelarias que el Estado, sin embargo, les impone en condiciones de extrema inseguridad, lo que coloca en riesgo su capacidad física y psíquica tal cual pasó con mi cliente", manifestó la profesional y agregó: "Pese a ello los agentes son sancionados en caso de conflictos ocurridos en los penales policiales".
Como agravante de esas circunstancias, la abogada Altamirano manifestó que su cliente "sufrió un ataque dentro de un penal donde había alojado presos acusados o bajo proceso por ilícitos graves. Es decir, internos que por sus antecedentes requieren de una tutela profesional".
"Aquí hay presente una situación de fondo -dijo la abogada- que es la organización carcelaria dispuesta por la provincia, por el poder político santafesino, que en última instancia es el responsable de lo que le pasó a mi cliente". Y es contra ese status-quo contra el cual demanda la profesional "porque fue la política del Poder Ejecutivo santafesino en materia penal la que lleva a producir el hecho" en cuestión.
Sobre las posibles demandas que harían los compañeros del cabo Miño, también patrocinados por Altamirano y Giraudo, la profesional no quiso adelantar si serán presentadas en un corto tiempo. "Lo estamos evaluando con cada uno de ellos", se limitó a decir la abogada.
La Ciudad
