Adriana Puiggrós, afirmó ayer que acusa aún el impacto de haber pasado de la condición de legisladora nacional a la de funcionaria ejecutiva. La funcionaria puso énfasis en la necesidad de "no desmerecer para nada la labor del parlamentario, que tiene que tomarse su tiempo, porque finalmente lo que hace es trabajar para el largo plazo, solucionando cuestiones de base". Pero, aún así, asegura que en la gestión "se debería ser más eficiente".
"Yo llegué y había cinco centrales telefónicas. Las saqué y vamos a ahorrar 20 mil pesos en teléfono. Hay muchísimos ejemplos. Hay que formar mejor a la gente y profesionalizarla", dijo Puiggrós. En su caso, impulsora como diputada del proyecto de primera ley nacional para la ciencia y la tecnología (que acaba de ser aprobada), contó con la ventaja de llevarse consigo el consenso construido antes en el Congreso con todos los sectores convocados a redactarla. "Hace seis meses que estamos acá y pusimos en funcionamiento la totalidad de las políticas y los órganos que la ley indica y el éxito es enorme", aseguró la funcionaria y citó las subvenciones a jóvenes científicos y la relación con emigrados en el Plan Raíces.
En lo referente al peligro de que el Estado ponga su aparato a disposición de otros, Puiggrós dijo que "siempre hay riesgo ahí, pero se puede limitar con leyes como la de compre nacional para ciencia y tecnología, que está en el Plan Nacional, cuyo proyecto presentaremos el mes próximo al Congreso y que seguirá a la ley marco, como va a pasar con las de mecenazgo y exención de impuestos a insumos importados".
Además expresó que "un peligro mayor es que las empresas prefieran comprar tecnología afuera, con lo cual destruyen los puestos de trabajo y se llevan los científicos. Hace treinta años aquel era el problema. Pero ahora tenemos que crear puestos de trabajo acá, para que la gente no se vaya, remarcó Puiggrós.
Luz verde en el Senado
En tanto, ayer el Senado dio luz verde a una iniciativa que tiene como objetivo fomentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología y organizar la actividad del sector. El proyecto promueve estructurar una serie de organismos, entre ellos un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; un Gabinete Científico y Tecnológico; un Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación; y una Agencia Nacional de Promoción Científica.
Según establece el propio texto de la ley, los organismos que se crean deben mantener actualizado el sistema de información y estadísticas, instrumentar un registro de publicaciones de investigadores argentinos y organizar un banco nacional de proyectos de investigación científica y tecnológica para identificar y articular la oferta y la demanda de los organismos e instituciones públicas.