"No es una solución sencilla, pero es la mejor". Con esas palabras el ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunció anoche los detalles del acuerdo firmado entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que entre sus aspectos más salientes prevé profundizar la flexibilización laboral para ofrecer "contratos temporales con un nivel más bajo de sueldos" y recortar los fondos coparticipables en 900 millones de aquí a fin de año, si el nivel de recaudación no alcanza para cumplir con el déficit cero.
El ministro difundió la carta de intención que elevará al FMI para que el directorio de ese organismo apruebe la asistencia de 8 mil millones de dólares a la Argentina. En el memorandum se establecen las pautas fiscales y el programa económico a cumplir en lo que queda de este año y durante el año que viene.
En compañía de miembros de su gabinete y el presidente del Banco Central, Roque Maccarone, Cavallo explicó que "se están preparando planes en el Ministerio de Trabajo para mejorar la capacitación laboral de las personas que se incorporen al mercado de trabajo y de los desempleados, permitiendo a los empleadores ofrecer contratos de empleo temporales con un nivel más bajo de sueldos y prestaciones". Además, agregó que la cartera laboral inició la renegociación de los convenios de trabajo vencidos, "con los que se espera lograr más flexibilidad en las condiciones de empleo".
A su vez, dentro de las pautas estructurales se comprometió a "aplicar el plan reestructuración de las asignaciones familiares" para ajustar 170 millones.
Respecto al presupuesto del año 2002, el gobierno nacional prometió reducir el gasto primario en 6.000 millones de dólares, lo que significa el 2% del Producto Bruto Interno (PBI).
Relación con las provincias
En cuanto a la relación financiera entre la Nación y las provincias, Cavallo subrayó que la carta de intención dice "exactamente lo mismo que el acuerdo federal firmado en diciembre del año pasado".
"Esto es que antes de que termine el año en curso debe tener estado parlamentario una iniciativa que surja del consenso de los gobiernos provinciales y la Nación, para que la Argentina cuente con el régimen de coparticipación prevista en la Constitución reformada de 1994", dijo el ministro.
A su vez expresó su máxima confianza en llegar a un acuerdo con los mandatarios provinciales, afirmó "hablarán todas las veces que fuera necesario" y afirmó que "seguro" se llegará a un consenso.
El punto 18 del acuerdo firmado ayer con el FMI dice que se procurará simplificar el sistema de coparticipación, hacerlo más transparente, lograr transferencias menos cíclicas y más coherentes con las limitaciones macroeconómicas y establecer una mayor correspondencia entre los ingresos coparticipados que reciba cada provincia y los esfuerzos de recaudación que realice cada una.
Asimismo, establece que la intención de gobierno es alcanzar ese acuerdo alrededor del 30 de noviembre de 2001 y elevar el proyecto al Congreso en diciembre.
No obstante para lo que resta del año, el gobierno fijó ante el FMI que en "caso que los ingresos tributarios sigan siendo inferiores a los niveles previstos en el presupuesto 2001, se reequilibrarán los términos convenidos" en el Pacto Federal de 2000 para generar un ahorro neto de hasta 900 millones de pesos.
Sobre la situación financiera de las provincias el ministro señaló que "todas van a tender al déficit cero", pero aclaró que aquellas más comprometidas tendrán un plazo más amplio para adecuarse a la norma. Cavallo aclaró que "no hay un período establecido" para cumplir estas pautas sino "una meta de financiamiento equivalente a una nómina salarial que será financiada por la emisión de Lecop".
El memorandum de entendimiento con el Fondo establece que las provincias deberán avanzar en los programas de privatizaciones y, si es necesario, pagar con bonos a empleados públicos y proveedores con el objetivo de equilibrar las cuentas fiscales.
La carta de intención incorpora medidas para "apuntalar a los bancos oficiales", entre ellos un fuerte compromiso de sanear al Banco de la Provincia de Buenos Aires. También se prevé acortar a un máximo de 2 años en plazo para dar pleno cumplimiento a las normas impuestas por el Banco Central y solicitar la organización de una auditoria externa a Banco Provincia antes de fin de año.
La Ciudad
