Aunque los integrantes del Consejo de la Magistratura lograron avances de peso desde que los colegios de abogados instalaron la necesidad de reformar su reglamento para elegir por concurso a los jueces, los consensos aún no están concluidos. Acordaron, en principio, con la idea de atribuir puntaje a cada etapa del proceso de selección: antecedentes, oposición y entrevista personal. Resta establecer cuál será ese puntaje y cómo se integrará el jurado examinador.
A estar por lo que trascendió del último debate interno, la propuesta que arrimó la Subsecretaría de Justicia no logró suficientes adhesiones. Prevé, en una escala de cien puntos, adjudicar 25 a los antecedentes, otro tanto al examen y 50 a la entrevista personal. Este último puntaje abriría una puerta demasiado grande a la discrecionalidad, por lo que ni el proyecto del Colegio de Magistrados ni el de Ricardo Prono, delegado del gobernador en el organismo, prevén puntaje alguno para la entrevista. Precisamente Prono habría insistido en lograr la mayor objetividad en todo el proceso de selección, poniendo el mayor énfasis en los antecedentes y en la prueba de oposición.
El otro aspecto en el que las partes difieren es en el jurado. Se han barajado en los debates al menos tres posibilidades.
La primera, que no es del agrado de los abogados, convertir al propio Consejo de la Magistratura en órgano examinador. Se objeta que sus miembros no dominan cada una de las materias que deben examinar. La segunda, para salvar esa objeción, consiste en ampliar su composición con especialistas que cambiarían según la materia. La tercera, que impulsan con vigor los colegios profesionales, es constituir un tribunal con juristas ajenos al propio Consejo. Serían elegidos por sorteo de una lista en la que figurarían reconocidos especialistas de la materia que corresponda al fuero cuya vacante esté en juego.
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La Ciudad
