"¡Un médico aquí, por favor!"

Interrogantes en torno a la conformación de la Suprema Corte provincial

En el ámbito judicial hay incertidumbre sobre quiénes reemplazarán a los renunciantes Iribarren y Alvarez

Carlos Duclós

El primer interrogante de entre tantos que circulan por estas horas en los grupos más serios y selectos del ámbito judicial santafesino está cargado de expectativa y preocupación: ¿en las inminentes designaciones de los dos nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la provincia habrá sorpresas como la que caracterizó al nombramiento del médico Lorenzo Domínguez en la cartera de Gobierno?
Esta pregunta seguramente también rondaría con la misma carga de expectativa y preocupación por la masa de ciudadanos si ésta no estuviera, como lo está, harta y despreocupada de las cuestiones políticas y judiciales. A la sociedad santafesina, que es caja de resonancia de la nacional, poco le importa hoy la cuestión de los nombramientos en el Ministerio de Gobierno y la Justicia. Adviértase que se dice hoy, porque no son pocos los ciudadanos que cuando llegan a la penosa vivencia de litigar en los tribunales argentinos se acuerdan (y no muy bien) de los jueces y de los políticos que los designan. Es decir, los mismos ciudadanos que hoy permanecerán ajenos a las dos designaciones de la Corte maldecirán mañana, seguramente, si deben acudir a los estrados judiciales y si los elegidos no fueron los correctos.
Los interrogantes en el foro rosarino no terminan allí, desde luego. ¿Quién asesorará al gobierno en las designaciones de los dos ministros de la Corte? ¿El flamante ministro de Gobierno, cuyo nombre fue conocido en el foro de la Segunda Circunscripción sólo por algunas cuestiones que en el pasado mantuvo con la Justicia penal de Rosario? A fuer de ser sinceros, debe decirse en ese aspecto que los planteos realizados algunos años atrás contra Domínguez por malversación de fondos, cuando era intendente de Puerto General San Martín, habrán estado ajustados a lo establecido en la norma legal, pero el procesamiento al que fue sometido se enmarcó, como tantas otras causas, en el más estricto sentido de injusticia.
Para aclararlo: un juez de primera instancia procesó a Domínguez porque con el dinero de la Municipalidad ayudaba a escuelas de otras jurisdicciones. Algunos pensaron que con ello hacía política partidaria.
Más allá de la designación del galeno en la cartera de Gobierno, uno de cuyos múltiples propósitos será nada menos que el de impartir políticas para el Poder Judicial que alguna vez lo tuvo como procesado, a los hombres de la Justicia y a varios sectores de la sociedad les preocupa hoy a quién designará para la Corte el gobernador Reutemann, asesorado por el nuevo ministro.
He aquí un breve repaso del cuadro de situación y de otros interrogantes que comienzan a formularse: tanto al ex ministro de la Corte Casiano Rafael Iribarren como al recientemente renunciante Raúl Alvarez se les exigió prácticamente el alejamiento por cuanto habían excedido la edad de sesenta y cinco años establecida por la Constitución para la permanencia en el cargo.
¿Se designará ahora a personas relativamente jóvenes, o para cumplir con compromisos políticos se nombrará a quienes ya están rondando la edad que fue motivo de la casi expulsión de los ministros salientes?
¿Importará, acaso, al poder político el hecho de que en tal caso en un año o dos deberá someter al alto tribunal a un nuevo recambio y sumergirlo en un festival de chapucerías?
Tal vez, impensadamente y por supino desconocimiento, el Poder Ejecutivo designe a algunos de los camaristas que ya tienen las jubilaciones acordadas, pero que siguen prestando funciones constituyéndose ello en un caso insólito sólo posible en la Argentina de nuestros días.
En efecto, allá por el año 1996, cuando era gobernador Jorge Obeid, muchos camaristas iniciaron los trámites jubilatorios con el propósito de asegurarse el cobro, una vez jubilados, del casi total de lo percibido en actividad. Desde luego, a pesar de tener los trámites aprobados siguen en funciones hasta cuando ellos mismos decidan alejarse. ¿El Poder Ejecutivo nominará para la Corte a alguno de estos jubilados que siguen en actividad por obra y gracia de quién sabe qué mágico designio?
Se habla además para la designación de los nuevos ministros de la Corte de un acuerdo entre Reutemann y Usandizaga. En el marco del mismo, este último debe presentarle al gobernador una terna de aspirantes. ¿Pero la terna en cuestión tendrá el respaldo de todo el radicalismo o la Legislatura devolverá pliegos y someterá a la Corte al bochorno que se vivió cuando se designó a los integrantes de las Cámaras en lo Contencioso Administrativo?
Sabido es que la Corte Suprema de Justicia es la cabeza del Poder Judicial y como tal no puede sustraerse a una cuestión política. En torno de esto, otra de las preguntas que circulan como relámpago es: ¿el gobernador se asegurará hombres que en el marco de lo permitido respondan a los intereses de su gobierno y de los legítimos intereses de los santafesinos o arribarán al máximo tribunal santafesino aquellos vinculados con intereses sectoriales, algunos de cuyos representantes ya han comenzado a operar?
El último de los interrogantes disparado por un conocido abogado rosarino está cargado de humor y gruesa ironía. "Ahora que un médico conduce el destino jurídico santafesino, ¿por qué no pensar en un médico forense para la Corte?". Después de todo, la nueva democracia argentina valorizó la figura del médico cuando entre discursos, desmayos y delirios se pedía: "¡Un médico aquí, por favor!".