Editorial

La verdad sobre la Amia

A menos de un mes del inicio del juicio oral y público por el atentado a la Amia el tribunal oral a cargo del debate espera pericias que ordenó para establecer con exactitud cómo y con qué explosivos detonó la mutual judía el 18 de julio de 1994. Una medida que frente a las dudas existentes aparece como razonable, pero que debería haber sido fruto de la etapa de instrucción de la causa.
Los jueces pidieron un nuevo peritaje al Ejército sobre el lugar exacto donde detonó la carga explosiva. Además, ordenaron una nueva pericia química sobre los explosivos usados en el atentado. La falta de claridad sobre estas cuestiones básicas tiende sospechas sobre la calidad de la investigación.
Es que a siete años del ataque, los resultados de las distintas pericias presentan divergencias, aunque el juez instructor y los fiscales dieron por probado que fue una camioneta Traffic cargada con 300 kilos de amonal la que detonó en Pasteur 633. Las versiones sobre explosivos escondidos en un volquete a las puertas de la mutual o en bolsas de material que se usaban para refaccionarla fueron desacreditadas en su momento. Sin embargo, el tema del volquete -que pertenecía a una empresa de origen árabe cuyo titular declaró en la causa- todavía no quedó fuera de sospecha. El tribunal ordenó un peritaje sobre la firma del recibo del volquete la mañana del atentado para determinar si corresponde o no al arquitecto y víctima del ataque Daniel Malamud, a cargo de las obras de refacción de la Amia, quien habitualmente los pedía a esa empresa.
Otro asunto que pone en cuestión la labor de recolección de pruebas previa al juicio son las irregularidades en la parte de la investigación que estuvo a cargo de la Secretaría de Inteligencia del Estado, que incluyeron pérdidas de 66 casetes de escuchas telefónicas. A lo largo del juicio los magistrados recibirán cada semana un informe detallado de la investigación que se realiza en la propia Side sobre esas irregularidades.
Es imperioso que el tribunal avance en la eliminación de toda duda razonable para alcanzar la verdad y atrapar a los responsables. El descreimiento de la opinión pública sobre la dilucidación del caso se sustenta en el tiempo transcurrido sin avances claros, las fallas en la investigación y el propio descrédito de la Justicia. Al tribunal corresponde entonces, para vencer tamaños obstáculos, no excluir medida alguna que pueda aportar pruebas para el esclarecimiento del terrible atentado, por más que formalmente la etapa en que debieron haberse tomado ya haya concluido.
Lo que debe aparecer en el juicio es la verdad real de lo sucedido, más allá de los vericuetos formalistas. De lo contrario el país y el mundo asistirán a una nueva frustración. Algo que no debería convertirse en una constante argentina.