El gobierno, obligado a dar protección

En todos los casos se les da otro trabajo y hasta llegan a trasladar a las familias de los testigos

El viceministro de Justicia, Melchor Cruchaga, dijo ayer que "el Estado tiene la obligación de proteger" a quienes colaboran con la Justicia y señaló que "siempre que un tribunal lo ordene, el gobierno está facultado para dar nueva identidad" a testigos en riesgo.
Cruchaga aseguró que la Oficina de Protección de Testigos del Ministerio de Justicia está preparada para amparar a las personas que, tras haber aportado datos al juez federal Juan Galeano bajo reserva de identidad, deberán presentarse con sus reales nombres y apellidos ante el Tribunal Oral Federal tercero, que el mes próximo abrirá el debate público por el ataque terrorista a la Amia.
"Las medidas de seguridad se deciden en cada situación, frente a cada caso concreto y de acuerdo con lo que ordena el juez. Nosotros cumplimos órdenes judiciales. En algunos casos brindamos asistencia económica alimentaria y en otros se ayuda a las personas a radicarse en otra parte o conseguir otro empleo", explicó.
Según Cruchaga, "ya hubo casos en los que debimos proteger a testigos que, en la etapa de instrucción, declararon bajo identidad reservada. Sucede que, al llegar al pleno (el juicio) el testigo necesariamente deja de ser anónimo y tiene que declarar con su nombre y apellido".
El funcionario precisó que no se ha diseñado un programa especial para los testigos de la Amia, una cuestión singular porque trata de dilucidar un acto de terrorismo que se sospecha tiene raíces internacionales. "En el caso Amia, como en cualquier otro, si el tribunal entiende que debe otorgar protección adicional a un testigo, dispone lo que cree conveniente y nosotros nos ocupamos de brindarle al testigo lo que los jueces ordenen", dijo el funcionario.
"No podemos generalizar, tenemos que adecuarnos al caso. A veces se trata de una persona sola a la que hay que ayudarla a cambiar de empleo; otras veces hay que trasladar a toda una familia y es complicado cuando, por ejemplo, la familia tiene hijos en edad escolar porque es duro desarraigarlos", explicó Cruchaga.
El viceministro se excusó de brindar otras precisiones porque buena parte del éxito de la Oficina de Protección de Testigos así como la seguridad de sus beneficiarios, dependen de la reserva con que funcionen los programas de amparo.