En lo que va del año entraron a los Tribunales más de 22 mil demandas para el cobro de tarjetas de compra (Provencred y Naranja, entre otras), expensas, alquileres, tasa municipal, Aguas Provinciales, por montos de hasta 2.250 pesos. La cifra confirma el virtual estado de cesación de pagos que atraviesan amplios sectores y más si se tiene en cuenta que en el 2000 hubo otros 42 mil expedientes tramitados.
Quiere decir que en sólo un año y medio hubo 64 mil demandados, a un promedio de 150 por cada día hábil en una población económicamente activa, la del departamento Rosario, de 550 mil personas. Promedio aplastante, y más si se tiene en cuenta que quienes recurren a los Tribunales son sólo una parte de los acreedores, ya que -por ejemplo- comercios a los que particulares quedan debiendo 100 ó 200 pesos de un electrodoméstico no van a contratar un abogado para litigar (hay que arrancar con 50 pesos en adelanto de gastos al profesional más 18 de boleta de iniciación y resta todavía el sellado).
Los 22 mil reclamos contados hasta el cierre del viernes pasado marcan un promedio, este año, de 3.230 por mes (sin contar enero por la feria); el mismo ritmo que en el año 2000, prácticamente. Los juzgados que acumulan las causas son dos de ejecución (tarjetas, expensas, impuestos), a cargo de los jueces Juan Manuel Flaherty y Federico Amsler, y cinco de circuito (alquileres y desalojos). A todos ellos llegan las demandas de hasta 2.250 pesos.
El juez Federico Amsler, del juzgado de ejecución Nº1 y con 7.500 expedientes en lo que va del año, aclaró que "el 50 o el 60 por ciento de las causas son demandas entabladas por la Municipalidad de Rosario y de Funes, la Administración Provincial de Impuestos (API) y Aguas de Santa Fe". Es decir, apremios fiscales.
Al juzgado de Amsler llegaron, en total, 12.613 demandas en el 99 y 13.573 en el 2000. "El día que sancionen la ley que declare título ejecutivo a las tarjetas de crédito (Visa, Master, American Express) nuestros juzgados van a explotar", pronostica.
Amsler precisó que tantos juicios dieron origen a embargos de bienes muebles o inmuebles así como inhibiciones. Y describió que una de las características que se ve en los embargos es que al demandado "le sobrevienen las ganas de hacer un acuerdo y pagar apenas se lo amenaza con sacarle el televisor".
Por los negocios
La rotura de la cadena de pagos (iniciada en el 95 pero agravada a partir del 99) obligó a numerosos comercios a abandonar los créditos personales por la cantidad de "clavos" acumulados y resignar el negocio de la financiación -el más sabroso- a las tarjetas de compra: Naranja, Provencred, Credifin, Confina, etc. "Con el contado te mantenés vivo, nada más: la ganancia está en la financiación", dijo a La Capital Simon Blanstein, titular de Urcal en San Luis y Sarmiento. "Se tapó el problema financiero pero aparece el económico", añadió.
Los comercios que antes daban los créditos ahora, en cambio, piden al cliente recibo de sueldo y la boleta de un impuesto y desde allí llaman a la tarjeta de segunda línea para que financie la operación; ésta la autoriza -si el nombre no aparece manchado en la Cámara del Crédito Comercial- y luego envía el carné de afiliado al domicilio del cliente con los resúmenes.
"Yo, como la mayoría, cedí el negocio de la financiación a la tarjeta pero no tenía otro remedio: desde el 95 en adelante los atrasos significaron más de un millón de pesos; 200 mil son incobrables", dijo otro comerciante importante del centro. "Esa fue la causa del cierre de muchos negocios, sin las espaldas suficientes para aguantar".
Un abogado del foro local, Enrique Cabreriso, dijo que "15 años atrás el Estado no litigaba, en cambio ahora sí; por eso hay tantas causas".
"Si a los 40 mil expedientes se suman los 1.500 pedidos de quiebra, concursos y demandas por montos superiores a los 2.250 pesos, entablados en los juzgados de distrito entonces concluimos que el sistema está desbordado", razonó Cabreriso.
La Ciudad
