En un nuevo intento por mostrar iniciativa política, el gobierno reforzó ayer el anuncio del presidente Fernando de la Rúa sobre la posibilidad de convocar a un plebiscito para concretar la reforma política y barajó la idea de una eventual modificación de la Carta Magna. Fue el vocero del gobierno, Juan Pablo Baylac, quien al confirmar que Interior estudia los términos en que se realizará la consulta y que todavía se desconoce si será vinculante (es decir, si el resultado es de cumplimiento obligatorio) aclaró que, "para ello, sería menester la convocatoria a una asamblea constituyente". Además, dijo que la consulta sería posterior a las elecciones legislativas de octubre, ya que la Constitución prohíbe que ambas fechas se superpongan. La idea lanzada anteayer por De la Rúa de que el déficit cero alcance a la política, para lo cual propuso lanzar un plebiscito -al que no fijó fecha- para que la ciudadanía se pronuncie al respecto, cosechó ayer más rechazos que adhesiones. Más allá del respaldo de algunos funcionarios, desde el PJ, el Frepaso y algún sector de la UCR se levantaron fuertes voces críticas. Baylac adelantó ayer que el gobierno analiza preguntarle a la población "si debemos tener un sistema (parlamentario) bicameral o unicameral" y si se debe modificar el sistema de elección de cargos. El ministro de Desarrollo Social, Juan Pablo Cafiero (Frepaso), Darío Alessandro (jefe de la bancada de diputados de la Alianza), y el vicejefe de Gabinete y titular del Acción por la República, Armando Caro Figueroa, fueron algunos de quienes consideraron positiva la propuesta. La diputada Elisa Carrió (ARI) -quien la calificó de "hipócrita"-, los senadores Leopoldo Moreau (UCR) y Carlos Corach (PJ) y el bloque de diputados nacionales del Frepaso (ver aparte), se mostraron decididamente en contra. Corach dijo que no se debe "gastar dinero, tiempo y energía en convocar a un plebiscito para saber que el 95% del país quiere una reducción de los llamados gastos de la política". En cambio, opinó que "hay que convocar a una reforma constitucional para reducir el número de diputados y senadores nacionales y revisar el sistema presidencialista para hacerlo más compatible con una mayor influencia del Parlamento". Tanto Cafiero como Alessandro consideraron que la consulta le serviría al gobierno para "despejar obstáculos y como elemento de presión para hacer lo que la gente quiere". Por su parte, Caro Figueroa anunció que su partido presentó un proyecto de ley para permitir que esa consulta se haga el 14 de octubre. El funcionario denunció luego a "los intereses de algún sector de la corporación política que bloquea la posibilidad de la reforma" y aseguró que la única forma de "romper ese bloqueo es convocar a los ciudadanos para que se pronuncien". Para Carrió, en cambio, la iniciativa se enmarca en la "hipocresía de quienes se enriquecen infinitamente, viven en casas de tres millones de pesos y quieren bajar los sueldos de los diputados honestos". A su turno, Moreau le advirtió al gobierno que no debe "levantar cortinas de humo con esta hipocresía del plebiscito sobre los gastos de la política".
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