El gobierno incluirá una profunda reestructuración del Estado en el proyecto de presupuesto 2002 que en los próximos meses ingresará al Parlamento. Así lo anticipó el ministro de Economía, Domingo Cavallo, al hablar de los alcances de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de una jornada de euforia bursátil por la asistencia de 8 mil millones de dólares que comprometió el organismo internacional.
Este rescate financiero será aprobado formalmente en septiembre por el directorio del Fondo, si Argentina da señales de avanzar en la práctica en la instrumentación de ley de déficit cero, la modificación de la coparticipación federal y la aplicación de una profunda reforma del Estado. En ese sentido, el gobierno pretende convertir al proyecto de ley de presupuesto para el año 2002 en el contrato fundacional de esta nueva política de restricción fiscal.
Al hablar en el Banco Nación ante un auditorio de banqueros y empresarios, el ministro Cavallo aseguró que el déficit cero aplicado al presupuesto 2002 no se apoya solamente en la baja de salarios y jubilaciones sino que "se incorporará una reforma del Estado pensada en sus detalles, para eliminar ineficiencia, burocracia, despilfarro de ñoquis y el costo excesivo de la política".
La propuesta del rediseño de la administración pública, que elaboró el secretario de Reforma del Estado, Marcos Makón, llegará en los próximos días al jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, principal negociador del gobierno con el Congreso.
Makón señaló que su iniciativa apunta a "dar sustentabilidad a la política de equilibrio fiscal" a través de la conformación de "unidades de política pequeñas con nivel de decisión acotado", tendiendo a que se consoliden "organizaciones públicas más flexibles".
Los ejes de la propuesta incluyen la separación de responsabilidades en las tareas de política, ejecución y fiscalización y la introducción de la evaluación de resultados en la gestión de gobierno.
Entre otras cosas, se creará la figura de "gerentes de programa" que reemplazarán a las actuales direcciones. Este nuevo funcionario será responsable de un programa presupuestario específico, tendrá responsabilidad de firma, accederá por concurso público y podrá recibir una bonificación si supera los resultados establecidos.
Si se aprueba esta reforma, los funcionarios que autoricen, aprueben o gestionan contrataciones serán responsables por los daños que causen al Estado. Al mismo tiempo, se cruzará información entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés) para detectar multiplicidad de empleos o cargos en la estructura del Estado.
Se establecerá además un nuevo régimen de contratados, por el cual la locación de obra pasará a regirse por el régimen de contratación, y se reducirán los directorios de entes del Estado, salvo los de los bancos Nación y Bice.
El personal que se haya acogido a un retiro voluntario no podrá reingresar por cinco años al Estado, incluyendo los cargos políticos, a no ser que opten por reintegrar la suma percibida con el retiro. Además, se racionalizarán las unidades ejecutoras de programas financiados por organismos internacionales, ya que en la actualidad coexisten 77 unidades.
El gobierno pretende introducir esta reforma en el debate del presupuesto, de modo de enviar señales al FMi de que está dispuesto a controlar la situación fiscal.
De todos modos, la prueba de fuego será el intento de forzar una nueva ley de coparticipación federal, iniciativa que está pendiente de discusión desde la sanción de la nueva Constitución.
El comunicado del FMI a través del cual se anunció el acuerdo por la asistencia financiera a la Argentina incluyó expresamente entre los condicionamientos la modificación del régimen de coparticipación.
En medio de negociaciones con la oposición, en la cual militan la mayoría de los gobernadores, el ministro de Economía salió rápidamente a aclarar que la discusión de una nueva ley de coparticipación no afectará los acuerdos asumidos en el marco de los últimos compromisos federales. En ese sentido, dijo que no habrá cambios enlos giros mensuales por 1.364 millones de pesos que se realizan a las provincias.
De hecho, los fondos por coparticipación están llegando atrasados, la Nación adeuda recursos sociales comprometidos en el último pacto fiscal y amenaza con pagar en bonos a las provincias. El mismo Cavallo, tras asegurar que no hubo una imposición del Fondo para ajustar a las provincias, recordó que los gobernadores se comprometieron en julio pasado a avanzar en la búsqueda del déficit cero en sus jurisdicciones. El gobierno también prevé profundizar el recorte ya pautado en 600 millones de pesos en el Pami y el Ansés.
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La Ciudad
