Cuando el Estado quita la vida

La vigencia de la pena de muerte atraviesa como una grieta a la sociedad norteamericana. A pesar de que actualmente una gran mayoría de los estadounidenses está a favor de la pena capital, nunca antes desde la reimplementación de las ejecuciones en 1976 el temor a acabar con la vida de inocentes ha sido tan fuerte.
Una decisión política del gobernador republicano del estado de Illinois, George Ryan, precipitó un movimiento nacional. El mandatario suspendió el pasado 31 de enero la ejecución de todas las condenas a muerte debido a que se detectaron numerosos errores. Los opositores a la pena de muerte apelaron a los restantes 37 estados norteamericanos en los que existe esa sanción a que siguieran su ejemplo.
En vez de subrayar los temas relacionados con la legitimación moral de que el estado quite la vida a alguien, se concentran ahora en las debilidades del sistema y sus consecuencias para los inocentes.
Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte en Washington, en los últimos veinticinco años fueron liberados de la celda de la muerte en Estados Unidos 85 presos porque se comprobó su inocencia. No se sabe cuántos no lo lograron. Richard Dieter, director del centro, hace referencia al hecho de que en Estados Unidos son ejecutados enfermos psíquicos, personas que en el momento del crimen son menores de edad y extranjeros a los que -violando la ley- se les niega apoyo consular.