La causa ya cambió de juzgado

La causa en la que se investigan supuestos aprietes de la barra brava de Rosario Central a los directivos del club ya cambió de juzgado. Casi sin haber intervenido, el juez Juan José Pazos se declaró incompetente ayer y le pasó el expediente, de unas pocas fojas, a su colega Eduardo Suárez Romero. Este magistrado dijo a este que hará "todo lo posible" para descubrir la verdad sobre los hechos denunciados, pero aclaró que el éxito de la investigación dependerá de lo que declaren los directivos canallas.
Pazos recibió el jueves a la mañana la denuncia de oficio del fiscal Esteban Franicevich sobre tentativa de extorsión, amenazas coactivas y amenazas con armas, de la que habrían sido víctimas los dirigentes Víctor Vesco, Juan Carlos Campagna, Néstor Mascó y Jorge Sauan, y la esposa de Campagna. Ese mismo día el magistrado citó al vicepresidente Campagna y su mujer y los interrogó acerca de los supuestos aprietes. El directivo dijo que "nunca" lo apretaron y la esposa contó que tres o cuatro sujetos se habían presentado en su casa y la habían amenazado, aunque aseguró no conocerlos.
Pero los otros tres dirigentes no llegaron a declarar ante Pazos porque ayer a la mañana este magistrado resolvió apartarse de la causa. Lo hizo por una cuestión formal, ya que el episodio que involucró a la señora de Campagna ocurrió en una fecha en la que estaba de turno otro magistrado.
Por esa razón Pazos envió la causa al juzgado de Suárez Romero, quien anticipó que absorberá la investigación si es lo que corresponde. También dijo que citará "a todos los que tenga que citar", en relación a los directivos presuntamente amenazados y extorsionados, y que en base a sus declaraciones tomará las medidas del caso, que eventualmente podría incluir la citación a algún barrabrava.
De todos modos, en los tribunales crecía ayer la sensación de que los directivos repetirán una vieja fórmula muchas veces empleada cada vez que las autoridades les preguntan por estos oscuros personajes. "Dirán que nadie los amenaza y que todo está bien", pronosticaban los escépticos funcionarios. Si esto se cumple, las posibilidades de Suárez Romero o de cualquier otro magistrado de descubrir si hubo un intento de extorsión o amenazas serán prácticamente nulas.
"Los jueces no podemos inventar indicios o pruebas. La extorsión ocurre siempre en un ámbito privado y la única forma es que las víctimas lo denuncien", comentó a Ovacion un magistrado con vasta experiencia y un amplio conocimiento de la relación entre barrabravas y dirigentes.