La provincia de Santa Fe quedó vinculada en el último año a dos resonantes casos de menores que son explotadas sexualmente u obligadas a prostituirse. En uno de ellos, se trató de la explotación de extranjeras que fueron traídas bajo engaño, con promesas de trabajo. En el otro, la capital provincial fue sindicada por un magistrado entrerriano de ser el centro de una organización que envía a menores a otras provincias argentinas.
En el caso de las menores extranjeras que fueron obligadas a prostituirse están procesados un ex subcomisario de la policía rosarina, Ricardo Barone, y un agente del Comando Radioeléctrico de Pérez, José Fernando Santamarina. Barone fue denunciado en Paraguay en 1999 por dos menores que lograron regresar a su país luego de ser traídas mediante engaños a Rosario, donde fueron explotadas sexualmente en una casa de barrio Acíndar y un burdel de Zavalla.
Las menores declararon que fueron engañadas por el ex policía, quien les prometió que vendrían a trabajar a una parrilla, pero a su llegada les retuvo sus documentos y las obligó a trabajar como prostitutas.
El caso que investiga la red de prostitución con asiento en Santa Fe está a cargo del juez entrerriano Ricardo Fuertes. El magistrado sostiene que la organización "estaría enviando menores a diferentes puntos del país". Fuertes identificó a los presuntos miembros de la banda como Raúl Basiani, Rubén Saucedo, Omar Alvarez, Severo Prudencio Saucedo, Hernán Martín Piedrabuena y Máximo Darío Garcilazo. El magistrado se quejó en varias oportunidades de la "lentitud de la policía santafesina" para concretar la captura los sospechosos sobre los que proporcionó, además de la identidad, "los domicilios, sus fotos actualizadas y en colores y hasta el número de patentes de sus autos".
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La Ciudad
