Eduardo Valverde
La decisión del gobierno de Fernando de la Rúa de no conceder la extradición del ex capitán de la Armada Alfredo Astiz solicitada por un juez italiano, y que motivó su puesta en libertad por parte de la jueza federal María Romilda Servini de Cubría, fue unánimemente repudiada por dirigentes de distintas organizaciones de derechos humanos de Rosario.
Ante una consulta de La Capital, Norma Ríos, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); Elida Luna, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas (Familiares); la abogada Matilde Bruera, y Eduardo Toniolli, de Hijos, no dudaron en rechazar la medida adoptada por la administración aliancista, que apeló al principio de territorialidad para rechazar el pedido de extradición del gobierno italiano.
Norma Ríos: "Me parece coherente con la política de este gobierno, que necesita tener libre a uno de los represores más paradigmáticos del terrorismo de Estado para de esa forma mantener cohesionado al aparato represivo que debe actuar contra el pueblo en todas los conflictos sociales que genera el ajuste".
Elida Luna: "En realidad, respecto de la liberación de Astiz no nos toma por sorpresa el hecho de que la Justicia y el gobierno argentinos vuelvan a actuar de esta manera.
"Este genocida ya fue juzgado y condenado en Francia y aquí en la Argentina nosotros, los familiares, todavía seguimos buscando un juicio y castigo verdadero para estos responsables.
"Incluso lo de Astiz es más terrible porque en un momento se lo juzgó y se lo puso en prisión por sus declaraciones en cuanto a que estaba preparado para matar a periodistas y a políticos, porque ese es el entrenamiento que se les dio a todos estos asesinos.
"Desgraciadamente, en nuestro país no confiamos demasiado en esta Justicia, porque sigue manteniendo libres a todos estos genocidas, y cuando los pone presos, lo hace en cárceles de lujo, lo cual demuestra que no existe la igualdad ante la ley.
"En cuanto a la decisión del gobierno de Fernando de la Rúa, es un gobierno radical que responde a la misma línea política adoptada por la gestión de Raúl Alfonsín, que impulsó las leyes de impunidad (punto final y obediencia debida) que luego fueron profundizadas a través del indulto de Carlos Menem".
Matilde Bruera: "Jurídicamente, la decisión del gobierno argentino es incorrecta, ya que no se puede invocar el principio de territorialidad para garantizar la impunidad de genocidas.
"Los hechos por los que se reclama el juzgamiento de Astiz en Italia constituyen claramente crímenes de lesa humanidad, cuando la Argentina ha aceptado el principio de justicia universal en la Constitución nacional reformada, en su artículo 118, y además ha sido signataria de tratados internacionales de derechos humanos que incorporan ese mismo principio, que debe ser aplicado en este caso".
Eduardo Toniolli: "Desde nuestra organización, repudiamos la decisión del gobierno delarruista, que de alguna manera se inscribe en toda una serie de medidas antipopulares que está tomando, no sólo en el plano de la violación de los derechos humanos fundamentales durante la última dictadura, sino las que son de público conocimiento y contra las cuales también nos movilizamos.
"Astiz es un símbolo del represor dentro del terrorismo de Estado y su libertad es percibida por la sociedad como un emergente de la impunidad que todavía no se ha erradicado de la Argentina.
"Por un lado, repudiamos la medida del gobierno de no conceder la extradición y, por el otro, a la Justicia, que vuelve a dejar en libertad a este genocida".
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La Ciudad
