La determinación de un municipio catamarqueño de colocar gratuitamente dispositivos intrauterinos (DIU) a adolescentes y mujeres para prevenir embarazos no deseados escandalizó a la curia de esa provincia. El obispo de Catamarca, Elmer Osmar Miani, calificó a la ciudad de Recreo como "la capital provincial del aborto".
No obstante su predominante condición católica, el Concejo Municipal de Recreo tuvo una posición homogénea en relación a la cuestión: la ordenanza fue aprobada por unanimidad, precisamente, para evitar intervenciones ilegales que dejan graves secuelas, cuando no la muerte. Ocurre que en Recreo, a 200 kilómetros de la capital catamarqueña, se registra un índice estimativo de embarazos de adolescentes superior al 30 por ciento.
La ordenanza que autorizó la entrega de dispositivos intrauterinos a las adolescentes de Recreo sacudió a toda la diócesis provincial. Miani equiparó la entrega con un acto homicida. "Es un crimen y lo voy a fustigar tanto acá (la capital catamarqueña), como cuando vaya a esa ciudad", exclamó.
El obispo sostuvo que "la práctica abortiva está penada por la ley y se debe castigar en los estrados judiciales, pero esto también es un severo llamado de atención para todos sin excepción, para que no pase a ser un flagelo de insospechadas derivaciones".
Una cuestión de salud pública
La iniciativa legal votada en Recreo partió de concebir el alto porcentaje de embarazos de adolescentes como un problema de salud pública. El 30 por ciento de casos que registra la localidad es muy superior a la media provincial, que orilla el 20 por ciento, lo que ya supone uno de los más altos del país. La ordenanza aprobada fue impulsada por la médica pediatra y rural Silvia Sandander, que es concejala representante del Frente Cívico y Social.
A pesar de ser una ordenanza promulgada por el Ejecutivo municipal, la medida no se puso en práctica porque el municipio asegura que no cuenta con una partida presupuestaria como para hacer frente a la compra de los dispositivos.
La principal oposición a la medida partió del cura párroco Eduardo López Marques y de las instituciones católicas locales, quienes condenaron la posibilidad de que se distribuyan los dispositivos intrauterinos.
La concejala Sandander argumentó que su presentación "surge ante la necesidad de crear una contención a una problemática social del departamento". Para la médica, es la falta de educación sexual y de planificación familiar lo que deriva en prácticas abortivas. Estas se suelen realizar en condiciones de tal precariedad que ponen en riesgo de muerte a las jóvenes. "El aborto, que es un delito, pasó a ser una constante", dijo Sandander, quien de esa forma expresó su coincidencia con el prelado, aunque desde la perspectiva opuesta.
"Las mujeres que se atienden son en su mayoría jóvenes con serios riesgos de muerte y constituyen la franja más expuesta", ya que "acuden al asesoramiento de personas fuera del núcleo familiar", explicó la médica.
La concejala aclaró que no pretendía polemizar con la Iglesia, pues partía "de una realidad que no se puede negar, como es la práctica abortiva".
A continuación recomendó "trabajar en ese sentido" y manifestó, como médica, que "no existe abstinencia sexual"", ni siquiera en personas de los mejores niveles culturales y socioeconómicos, como forma de contener este problema.
"No hay prevención", aseguró la edila y señaló que el problema afecta a "adolescentes de los niveles socioeconómicos de mayor vulnerabilidad social, por lo que habrá que establecer políticas para no caer en embarazos no deseados, no controlados y partos prematuros".
La Ciudad
