Una muestra clara de las desinteligencias que existen en el Enapro, es la carta que el único oferente para la concesión del puerto local envió el 9 de agosto al propio ente. El apoderado de Tarragona, Guillermo Salazar, denunció la difusión pública de aspectos relacionados al pliego. Estas conductas "reiterativas" expresa la misiva, "afectan ilegítimamente el prestigio y el crédito comercial de las empresas integrantes del consorcio oferente". En el texto se acusa expresamente a los directores Joe Petersen y Ana María Brunet como los responsables de "dañar la imagen pública, y el crédito comercial del oferente". Ayer, María Herminia Grande fue más categórica al señalar que "Petersen y Brunet violaron el secreto de confidencialidad". En otro párrafo de la carta se advierte que "estas acciones fueron denunciadas oportunamente, pero no se hizo nada para evitar que se repitan". Finalmente el grupo oferente advierte que se reserva el derecho a reclamar "por los daños y perjuicios ocasionados" por esta situación. También los estibadores agrupados en el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) acusaron a los representantes privados en el Enapro. Ramón Aybar, asesor gremial de los trabajadores, disparó: "Acá hay directores que están respondiendo a intereses personales, como (Edgardo) Moschitta, que encabeza la cámara del señor (Roberto) Paladini. ¿Qué tienen que ver estos señores con el puerto?". "Estos señores impiden que el puerto se concesione porque sólo responden a sus propios intereses personales", añadió.
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