La Justicia clausuró una planta de silos denunciada por los vecinos de Pérez

Delcia Karamoschon

Pérez. - La Justicia dio lugar a una denuncia de vecinos y ordenó la clausura de una planta de silos ubicados sobre ruta 14 y Santiago del Estero. La sentencia fue dictaminada por el Juzgado Civil y Comercial de la 12º Nominación, a cargo de Rodolfo Bruch.
El magistrado rechazó la acción de amparo presentada por la planta cerealera EDM Comercial Agropecuaria, de propietarios tucumanos que había sido clausurada por el Ejecutivo de Pérez. A su vez aplicó la ley 10.000 de protección de intereses difusos interpuesta por los vecinos. Por ende ordenó la clausura judicial del establecimiento cerealero.
"Este caso fue muy complicado desde el inicio ya que la Municipalidad clausuró la planta a fines de 1999 por no contar con la habilitación correspondiente pero en forma preventiva, ahora el fallo de la Justicia es definitivo", detallaron los vecinos a La Capital.
La habilitación había sido denegada por afectar los derechos elementales de los vecinos. La empresa recurrió a la Justicia con un pedido de amparo y el Juzgado 12º no dio lugar a la medida cautelar. En abril del año pasado el Concejo Municipal elaboró y sancionó una ordenanza -vetada por el Ejecutivo- con la que autorizaba a la empresa a operar en forma precaria, hasta que cumpliera una serie de requisitos. Vencido el plazo obtendría la habilitación definitiva.
"Los vecinos desde el principio consideramos a esta ordenanza como ilegítima por violar leyes municipales, provinciales y nacionales. El intendente Fernando Ramírez y el secretario de Gobierno, Bernardo López, apoyaron nuestra postura desde el comienzo de los reclamos, mientras que el Concejo nos dio la espada", expresaron.
"A pesar del apoyo del Ejecutivo debimos interponer un recurso, amparados en la ley 10.000, contra la misma Municipalidad ya que el Concejo es su cuerpo legislativo -manifestaron- fue un largo año de labor judicial en el que hubo que vencer muchos obstáculos pero hemos logrado un fallo favorable".
En todo este tiempo la lucha de los vecinos fue intensa: "Recurrimos a las autoridades municipales y provinciales y fuimos respaldados por la Subsecretaría de Medio Ambiente y Ecología, y Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Este organismo nos dio la posibilidad de exponer nuestro caso en una jornada ambiental -en agosto de 2000- ante abogados y jueces de localidades vecinas", sostuvieron los vecinos encabezados por Marta Castellani de Anfossi.