Venado Tuerto. - El bloque de concejales radicales presentó un proyecto de resolución a través del cual se le solicita al Ejecutivo municipal a que "informe sobre qué base legal ha instrumentado la habilitación del sistema de radares comprendido en el tramo de la ruta nacional Nº 8", además de pedir que "se envíe al cuerpo legislativo de la ciudad, toda la documentación del organismo provincial autorizante". Presumen que no hay un soporte jurídico que avale el funcionamiento de los radares y que en consecuencia "las actas libradas estarían viciadas de nulidad". Para el oficialismo los radares funcionan correctamente y dentro del marco de la ley.
En menos de un mes de la puesta en funcionamiento de los radares de velocidad, se cometieron más de 10 mil infracciones. Esta situación generó una fuerte polémica en el seno de la comunidad sobre la validez de las multas ya que desde el radicalismo sostienen que un decreto posterior al convenio firmado entre el municipio y la provincia, invalidaría la puesta en funcionamiento de los radares. Esta situación fue desmentida por el municipio de Venado Tuerto.
Por su parte el secretario de Gobierno del municipio, Gustavo Giner, atacó duramente al Concejo al sostener que deberían reformar su reglamento interno e incorporar a los medios como parte orgánica del cuerpo ya que "al municipio no llegó ninguna minuta de comunicación y todos los diarios hablan de eso. Las multas labradas están bien realizadas y dentro del marco de la ley y el decreto posterior al convenio no invalida la puesta en funcionamiento", agregó.
Según Giner "el 9 de enero de 2001 se firmó un convenio con la Subsecretaría de Transporte de la provincia y se cumplieron todos los trámites vigentes para la instalación de radares en la ruta 8".
Sin embargo el bloque del radicalismo sostiene que merced a contactos que ellos tienen en la subsecretaría de Transporte de la provincia se les informó que el procedimiento adoptado por la Municipalidad, de ejercer el control radarizado en el tramo de la ruta 8, adolecería de soporte jurídico para tal fin.
"Consecuentemente ésta actitud viciaría de nulidad las actas de infracción labradas por la Municipalidad de Venado Tuerto", dice en uno de los puntos del proyecto de resolución presentado por los ediles opositores. Para el secretario de gobierno, "los concejales radicales Esteban Stiepovich, Lisandro Enrico y Domingo Savino deberían pensar en la gente de los barrios Tiro Federal, Rivadavia y Juan XXIII, que tuvieron varios accidentes fatales en esa zona radarizada, y no hacer especulaciones electorales para octubre de este año".
Infracciones polémicas
El bloque radical sostiene que "habiendo confirmado el Tribunal de Faltas municipal la confección de más de 10 mil infracciones, se hace necesario conocer en que marco legal se instrumentó la habilitación del sistema". La idea es "aventar posibles recursos de amparo contra el municipio al que apelarían los potenciales afectados".
Según el edil radical Esteban Stiepovich, "en fecha reciente se le requirió al Ejecutivo, a través de la resolución Nº 2003-01, el envío de la documentación relacionada con la contratación de radares que habría formalizado el municipio con la prestadora ".
Dicha resolución no fue remitida -según la oposición- al Concejo y no hay antecedente alguno del convenio formalizado con la empresa prestadora de este servicio como tampoco "se lo sometió al análisis y aprobación por parte de los concejales de la ciudad".
La Ciudad
