Montevideo.- La Comisión para la Paz que busca soluciones definitivas al tema de los desaparecidos por causas políticas en Uruguay informó que 14 de ellos murieron por "excesos de torturas" y no "por ejecuciones". En Uruguay, de acuerdo a organizaciones de familiares, desaparecieron una treintena de personas, pero la Comisión ha extendido sus actividades a la Argentina, donde desaparecieron más de 140 uruguayos durante la dictadura militar.
Carlos Ramela, representante del presidente Jorge Batlle en la comisión, y Gonzalo Fernández, quien actúa de parte de la coalición izquierdista del Frente Amplio, formularon las revelaciones al diario montevideano El País, sosteniendo que 14 casos de uruguayos desaparecidos en este país murieron "por excesos de torturas" y que no existen indicios de ejecuciones.
Los representantes de la Comisión explicaron que la mayoría de esas desapariciones ocurrieron entre 1974 y 1976, en momentos de mayor rigor represivo de las fuerzas armadas contra las organizaciones de ultraizquierda, aunque habría un caso de secuestro en 1981.
Ramela y Fernández dijeron que además de los 14 casos comprobados, en el resto se registran diferentes grados de avance. Fernández expresó que los familiares de los 14 identificados aún no fueron informados y se mantiene absoluta reserva de sus identidades.
La Comisión, formada en agosto pasado, concretó la identificación de cinco uruguayos desaparecidos en Argentina pero también se mantuvo en secreto la identidad. La Comisión para la Paz fue una iniciativa de Batlle con el objeto que al finalizar sus investigaciones y sus conclusiones se pueda "sellar la paz entre los uruguayos". Sin embargo, sectores radicales de izquierda no sólo fustigan a la Comisión sino que exigen juicio y castigo a los responsables, en una posición distante de los esfuerzos oficiales. Judicialmente, existe una ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, sancionada en 1986 y laudada en 1989 en un referéndum con apoyo del 52,52% de los votos, que impide enjuiciar a uniformados. En 1986 el Congreso dictó una ley de amnistía que liberó a subversivos y presos políticos.
Pedido de familiares
El grupo de familiares de desaparecidos durante la dictadura pidió públicamente al presidente Batlle que acceda a detener a los oficiales retirados requeridos por un juez argentino, y solicitó al Parlamento que no permita que las fuerzas armadas uruguayas integren los cuerpos de paz de la ONU. En un comunicado los familiares preguntaron a las nuevas generaciones militares "hasta cuándo van a tolerar esta ignominia que los separa de sus compatriotas", y advirtió que "cuanto más tarden en rendir las mínimas cuentas que con máxima tolerancia y garantías hoy se les solicitan, más cuentas se les acumularán y más desgastada estará la tolerancia".
El gobierno recibió dos exhortos de la Justicia argentina, reclamando al ministerio del Interior que detenga a los ex oficiales del ejército José Gavazzo, Manuel Cordero y Jorge Silveira y al ex policía Hugo Campos Hermida.
La Ciudad
