La diversificación de los mercados granarios, merced a las nuevas demandas de los compradores y las mismas posibilidades de especialización que brinda la biotecnología, imponen en la agenda del sector agropecuario el desarrollo de sistemas de Identidad Preservada, que permitan producir, almacenar, transportar y comercializar por separado los llamados productos "específicos". El tema da lugar a diferentes interpretaciones, chicanas comerciales, exageraciones y equívocos pero es indudable que se ha instalado de manera tan incontrastable que la peor política es ignorarlo como realidad.
Con esta premisa, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) organizó recientemente en Buenos Aires un seminario sobre identidad preservada (IP), del que participaron Juan Carlos Batista, director de Calidad Agroalimentaria del Senasa; André D'Olne, de la consultora europea Arcadia; y William Lin, del Servicio de Estudios Económicos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda).
En diciembre pasado, el Senasa dictó la resolución número 61 que avanza en la implementación de un sistema de aseguramiento de calidad de granos y especialidades granarias con certificación internacional, para satisfacer demandas específicas de segmentos o nichos de mercado. El objetivo principal de esta resolución es disponer de un sistema reglamentario, no obligatorio, que permita responder a nuevas demandas internacionales en aquellos casos en que se reclamen granos con características particulares.
El hecho de que el sistema sea obligatorio abrió el respaldo de las empresas semilleras y exportadoras al proyecto del Senasa. El tema es adecuarse a la posibilidad de ganar nuevos nichos de mercados sin resignar la postura argentina de rechazar el etiquetado compulsivo de los productos provenientes de semillas genéticamente modificadas. Es que así como existe una IP con "connotación positiva", que implica la búsqueda de sobreprecios a través de la producción de especialidades (por ejemplo, maíz con alto contenido oleico), también está la "connotación negativa", que apunta a penalizar el cultivo con semillas genéticamente modificadas (ej: soja convencional vs. transgénica).
En la construcción de un sistema voluntario de certificación y trazabilidad, el Senasa encontró una fórmula que contemple las distintas opiniones. Cabe recordar que, por un lado, Argentina siembra con transgénicos el 95% de la soja, pero al mismo tiempo ha ganado mercados para el maíz debido a que no autorizó variedades modificadas que sí se lanzaron en Estados Unidos.
Voluntario y privado
En el seminario realizado en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Batista, del Senasa, presentó las características del sistema. "Primero que todo es un sistema de adhesión voluntaria, es decir que los sistemas privados que están funcionando hoy con certificación privada lo pueden seguir haciendo sin ningún inconveniente", explicó.
Aclaró, además, que el sistema "se basa en la certificación de tercera parte", o sea que que los operadores del sistema "van a requerir que un tercero, sea una empresa privada o sea una entidad, que les pueda certificar su característica de identidad preservada que definan entre compradores y vendedores".
Batista aclaró que sólo en casos de excepción el Senasa oficiará de certificador. Esa tarea, como la de inspección y control, quedará en manos privadas, y para ello se habilitó un registro oficial de certificadoras.
El rol del organismo sanitario en el sistema, según explicó el funcionario, es de acreditación y auditoría. Esto significa que las empresas que hagan las inspecciones deberán inscribirse en el registro oficial, que además estarán controladas permanentemente por el Senasa.
El registro no sólo involucra a sociedades comerciales sino a otro tipo de entidades. Además de los requisitos administrativos de rigor, como el que involucra los aspectos impositivos y comerciales, las certificadoras deberán designar a un responsable como nexo entre la empresa y el Senasa, y presentar un sistema de inspección y control, con procedimientos escritos, además de un listado de inspectores.
Comité asesor
Los operadores y responsables primarios del sistema, es decir los productores, comercializadores, proveedores de insumos, comerciantes e industrializadores, etcétera, a través de sus organizaciones, participarán junto a organismos como la Secretaría de Agricultura y el Inta de un comité técnico asesor, por el cual pasarán todas las propuestas y protocolos de certificación de los distintos casos de identidad preservada. El organismo, además, tiene como misión asesorar en la emisión de normas y reglamentos técnicos para el perfeccionamiento de la resolución 61.
"En definitiva, lo que el comité trata de representar conceptualmente es la comunidad para que pueda evaluar los protocolos de certificación y opinar sobre un sistema de seguimiento que hace que esa certificación pueda ser válida y aceptada por los compradores y respetada por el resto de los operadores", señaló Batista.
El funcionario señaló que el sistema de identidad preservada "voluntario, de tercera parte y con certificación privada" opera identificando la demanda que reconocen el comprador y el vendedor, acreditando la certificadora, chequeando la calidad del sistema, aprobando los protocolos de certificación y autorizando la emisión del OK por parte de la certificadora.
"Como caso extraordinario, y cuando el mercado comprador lo establece, hemos establecido también la alternativa de que el Senasa pueda hacer la certificación, si media una solicitud de la empresa certificadora", señaló Batista.
El director de Calidad Agroalimentaria señaló que los costos del sistema incluyen la inscripción de las empresas, de 800 pesos, y una reinscripción anual ubicada en los 400 pesos. "A eso se suma el costo de inspección y certificación, que tienen que acordar entre las partes", agregó.
Batista indicó que en relación al costo de auditoría por parte del Senasa, se incluyen en los mismos los viáticos de los inspectores y los costos en concepto de servicios requeridos, "atendiendo a que el Senasa este sistema lo tiene previsto desde el punto de vista de su concepto como un servicio de terceros y no solamente como una obligación propia del Estado".
El funcionario señaló que el sistema "ya está operativo" y "ya hay algunas empresas que han presentado su solicitud".
La Ciudad
