A menos de 24 horas de haberse implantado, el ajustazo o según la denominación oficial "Pacto de la Independencia" ya cosechó reacciones adversas en la Justicia mediante dos presentaciones, a cargo de una trabajadora de la ANSéS y de una jubilada docente, madre del abogado Ricardo Monner Sans, se informó ayer en los Tribunales.
La primera fue un recurso de amparo presentado ayer por la mañana por una trabajadora de la ANSéS, Nélida Soto, con el patrocinio legal de los abogados Eduardo Barcesat y Roberto Boico, quienes plantearon la medida cautelar de "no innovar" ante la Cámara Laboral.
El abogado Boico anticipó que en las próximas horas "serán presentados por lo menos medio centenar más de recursos en este mismo sentido", diez de los cuales ya fueron ingresados en el fuero laboral.
Además, anunció que hoy comenzarán las presentaciones en el fuero de la Seguridad Social, para pedir una medida cautelar similar pero referida a los recortes en las jubilaciones superiores a los 300 pesos.
La presentación reclama que sea declarado inconstitucional el decreto 896/01, por el que el gobierno, en el marco de su política de "déficit fiscal cero", decidió recortar los salarios de la burocracia estatal en un 13 por ciento durante el tercer trimestre de este año.
Para el abogado, el decreto, por su carácter de "necesidad y urgencia", no se inscribe en el marco de la delegación de poderes que el Parlamento aprobó en favor del Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, "el gobierno asumió facultades legislativas, en una evidente violación de lo establecido por la Constitución nacional".
"Las facultades ejercidas por el presidente Fernando de la Rúa son usurpantes y tienden a la suma del poder público. Los actos son insanablemente nulos", concluyó el patrocinante de la trabajadora de la ANSéS.
Por su parte, Monner Sans presentó ayer, como patrocinante de su madre -una jubilada de 91 años de edad- un recurso de amparo contra los recortes de haberes a la clase pasiva confirmados oficialmente antenoche.
La presentación del abogado que denunció la causa de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, por la que está preso Carlos Menem, recayó en el Juzgado de la Seguridad Social Nº8, a cargo de la magistrada Hilda Kogan.
"Están en juego de manera directa las garantías constitucionales", sostuvo Monner Sans, al formular la presentación en nombre de María Inés Cárdenas, su madre.
"Toda una vida dedicados, ambos, al quehacer educacional. Este que hoy es menester agraviar porque el modelo de los de anteayer, los de ayer, los de hoy, necesita mucho analfabeto para que la educación, en manos de los ricos, garantice la pervivencia de la perversidad social", evaluó Monner Sans en su denuncia.
El denunciante lamentó que "en lugar de buscar a los responsables del empobrecimiento popular, los que mandan se dedican a empobrecer más a los sectores de ingresos fijos y escasos para garantizar la continuidad del festín, con connotación internacional evidente".
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La Ciudad
