Con la mira puesta en las administraciones de las provincias y del sistema de seguridad social, el gobierno de Fernando De la Rúa prepara los últimos aspectos de lo que será el séptimo ajuste de su gestión, que hoy cumple diecinueve meses.
El trazo grueso del ajuste fue dado a conocer en los últimos días, con el compromiso de recortes en los gastos de la Nación y doce provincias por unos 1.600 millones de pesos, la firma de dos decretos para reformar las estructuras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés), el Pami, Educación, el Ministerio del Interior y la Secretaría de la Modernización del Estado. También podrían sumarse otros mil millones de ajuste si la Nación alcanza un acuerdo con las otras provincias que no firmaron la semana pasada.
Los detalles del ajuste iban a ser explicados por el ministro de Economía, Domingo Cavallo, en una conferencia de prensa que finalmente no se realizó (ver aparte).
A su regreso de Europa y luego de dos meses de frustrados intentos de reactivación con los planes de competitividad, Cavallo le comunicó a De la Rúa sobre la inevitabilidad de realizar una drástica reducción de gastos, en razón de que el Estado tiene cerrado su acceso al crédito.
A pesar de hacer uso de la estrategia de no realizar anuncios grandilocuentes sobre recortes masivos, Cavallo llegaría de esta manera al ajuste que le reclaman los mercados para poner las cuentas públicas en caja y acercarse en parte a los 6.500 millones de déficit acordados para el 2001 con los organismos internacionales de crédito.
El ajuste, al que De la Rúa prefirió denominar "racionalización y adecuación del gasto", será el séptimo desde diciembre de 1999, cuando el entonces ministro José Luis Machinea consiguió la aprobación parlamentaria de un paquete fiscal de unos 2 mil millones de pesos.
Cinco meses después, a través de una serie de decretos de necesidad y urgencia, se dispusieron recortes salariales en la administración pública de hasta el 15% y en noviembre del 2000 se firmó un Compromiso Federal, por el que las provincias -con la excepción de Santa Cruz- acordaron un congelamiento de gastos por cinco años.
El 16 de marzo de este año el entonces ministro Ricardo López Murphy anunció un paquete de recorte de gastos por 5 mil millones en dos años, lo que derivó en una crisis de gabinete y su posterior renuncia.
Posteriormente, Cavallo, mediante las leyes de competitividad y de poderes especiales, instituyó un impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente, cuya alícuota inicial de 0,25% se incrementó un 140% en noventa días, hasta llegar a su nivel actual de 0,6%.
Asimismo, dispuso el levantamiento de algunas exenciones al IVA y, por último, la suba de los aportes patronales al 16 por ciento, entre otras medidas anunciadas el 15 de junio pasado.
Para el que será el séptimo ajuste, Cavallo cuenta con algunos puntos a favor: al frente de Modernización del Estado se encuentra un antiguo colaborador suyo, Marcos Makón, y en la Ansés, si bien desmintió que Osvaldo Giordano vaya a ser su nuevo titular, la renuncia del actual, Ricardo Campero, le allana el camino para realizar modificaciones en su estructura.
De todas maneras, Cavallo no estará libre de inconvenientes si se tiene en cuenta que el senador y presidente de la UCR bonaerense, Leopoldo Moreau, demandó que que "deje la Ansés a los radicales".
Por ser la estructura estatal que maneja el mayor volumen de fondos (incluso más que la Afip), la Ansés es un tesoro largamente codiciado por los sucesivos ministros de Economía, a los efectos de lograr un mejor control del gasto.
Precisamente, fue Cavallo quien creó la Ansés en mayo de 1991, como resultado de la absorción de varias cajas previsionales nacionales, durante la gestión de Rodolfo Díaz en el Ministerio de Trabajo.
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La Ciudad
