Pedro Servin
Asunción. - La apacible y tórrida siesta paraguaya se vio convulsionada con la noticia de que la prisión del ex general golpista Lino Oviedo, exiliado en Brasil, donde se tramita su extradición, se transformó en reclusión domiciliaria. Aunque el presidente Luis González Macchi evitó un juicio político por incapacidad para gobernar, que el Congreso postergó indefinidamente, cayó sobre su gobierno la sombra de Oviedo, un polémico personaje, prófugo de la Justicia, pero con enorme arrastre popular en las bases campesinas del oficialista Partido Colorado. "Tengo la conciencia tranquila, no cometí ningún delito", dijo el mandatario al saber que por una votación de 45-34 en la Cámara de Diputados fue enviado al archivo el pedido de juicio político presentado por el opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
"Yo estaba dispuesto a comparecer ante el Senado si así lo resolvían los diputados. La gran mayoría de nuestros problemas nacionales es una herencia de gobiernos anteriores, pero estamos trabajando, dentro de nuestras posibilidades para intentar salir adelante", agregó González Macchi.
Sin embargo, no pudo respirar tranquilo, porque el mismo miércoles en que se salvaba del juicio político, en Brasilia se dio a conocer una resolución del Superior Tribunal de Justicia por la cual Oviedo conseguía dejar la cárcel para guardar prisión domiciliaria. La medida fue ordenada como parte de un pedido de "refugiado político" que al ser admitido por un organismo del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, suspendió inmediatamente el proceso judicial de extradición al Paraguay.
González Macchi comentó que Oviedo "es un individuo peligroso. Espero que no logre escaparse del Brasil. Ya lo hizo una vez estando asilado en la Argentina", recordó.
Mientras el gobierno manifestaba preocupación y disgusto por la medida que benefició al golpista ex comandante del ejército, decenas de partidarios de Oviedo salieron a las calles de Asunción a festejar creyendo que en cualquier momento podría retornar al país. Sin embargo, el presidente del Partido Colorado, Nicanor Duarte, recordó que Oviedo aún debe cumplir una condena de 10 años de prisión por el intento de derrocamiento, en 1996, del entonces presidente Juan Carlos Wasmosy.
Oviedo, además, soporta un pedido de extradición debido a evidencias que lo sindican como presunto autor intelectual del asesinato del vicepresidente Luis María Argaña en marzo de 1999, así como de la muerte de ocho estudiantes que protestaban en Asunción por ese hecho. De confirmarse su participación el magnicidio, la ley establece una pena máxima de 25 años de cárcel.
Partidarios del ex general golpista desempolvaron "merchandising" con la inscripción Oviedo 2003, alentados por una medida judicial que le benefició en el Brasil, pero fuentes del gobierno y sus opositores le restan toda chance para los comicios previstos para ese año.
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La Ciudad
