El gobierno de Fernando de la Rúa rechazará el pedido que prepara Italia para la extradición del detenido ex capitán naval Alfredo Astiz e invocará un principio de territorialidad según el cual sólo Argentina puede juzgar los crímenes de la última dictadura militar.
"El debate no es extradición sí o extradición no. Si el delito existió en la Argentina debe ser juzgado por la Justicia argentina", dijo ayer el vocero gubernamental, Juan Pablo Baylac, al referirse al pedido que promueve el juez de Roma Claudio Tórtora por la desaparición de Giovanni Pegoraro, su hija Susana -que fue secuestrada embarazada- y Angela María Aieta, madre del ex dirigente de la Juventud Peronista Juan Carlos Dante Gullo.
Ni el gobierno de De la Rúa ni la administración del ex presidente Carlos Menem han reconocido jurisdicción a los tribunales extranjeros para enjuiciar a ex represores argentinos por los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura del período 1976-83.
Por eso, el gobierno nacional ha negado colaboración a los procesos por genocidio y terrorismo de Estado que, entre otros, tramitan los tribunales de España, Alemania e Italia. Francia, por estas horas, sumó un nuevo requerimiento para la extradición de Astiz, que en ese país fue condenado en ausencia por la desaparición forzada de las religiosas galas Alice Domon y Leonie Duquet, según reportó la agencia italiana de noticias Ansa.
"Este tema debe circunscribirse a la reivindicación de la jurisdicción penal argentina, el principio de la territorialidad de la ley penal", señaló Baylac al término de la reunión de gabinete.
Y aclaró que la decisión oficial "no se encuentra vinculada a la persona" de Astiz "sino que la Argentina debe preservar los principios jurídicos que juegan en esta cuestión".
El vocero recordó, además, que Argentina aprobó la "creación de una Corte Internacional de Derecho Penal" para juzgar crímenes de lesa humanidad, por lo que "es vanguardista en este aspecto".
Antes de que Baylac saliera a referirse al caso, que fue incorporado a la agenda del gabinete, el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, había anticipado que el gobierno difícilmente accedería a extraditar a Astiz, porque "más allá de la condición emblemática de este personaje", está "convencido de que es la manera de preservar el principio esencial de soberanía".
En la medianoche del domingo último Astiz, de 48 años, se entregó voluntariamente en el Departamento Central de la Policía Federal tras haber permanecido prófugo el fin de semana.
La juez Servini dispuso el arresto preventivo de Astiz el pasado viernes, en respuesta a un pedido de su colega italiano Tórtora, quien ahora gestionará la extradición del ex marino ante las autoridades de Argentina.
En una audiencia con la magistrada, el ex capitán de fragata negó toda responsabilidad en el secuestro y desaparición de Giovanni, Pegoraro y Aieta. Su abogado, Fernando Goldaracena, planteó en tanto la incompetencia de Roma para investigar esos hechos.
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La Ciudad
