Los 14 gobernadores justicialistas declararon ayer "agotado el diálogo institucional" con el gobierno nacional debido al "incumplimiento" en el pago de deudas asumidas en el marco del compromiso federal y advirtieron que la falta de respuesta de la Nación crea "un marco de ingobernabilidad muy fuerte". Además advirtieron que algunas provincias podrían accionar judicialmente para que el Ejecutivo central pague sus deudas.
"Nos vemos en la lamentable obligación de considerar agotado un diálogo institucional que hemos intentado permanentemente", indica la declaración acordada por los mandatarios al final de una extensa reunión mantenida en el Consejo Federal de Inversiones.
La queja de los mandatarios justicialistas se centra en el incumplimiento de compromisos asumidos con la Nación durante el compromiso federal firmado en diciembre pasado. Eso incluye la asignación de más de 225 millones de pesos para asistencia social y la cancelación de distintos tipos de pasivos que en su momento calcularon en 1.300 millones de pesos.
Pero los mandatarios justicialistas fueron ayer más allá y apuntaron a la estabilidad institucional del gobierno de Fernando de la Rúa. En ese sentido, le recordaron al presidente que son ellos los que contribuyeron a la gobernabilidad frente al quiebre de la Alianza y se quejaron porque no son retribuídos como corresponde.
Los gobernadores se consideraron "un verdadero sostén de las instituciones, pese a los reiterados incumplimientos del gobierno nacional de sus compromisos, que originaron el agravamiento de la crisis que golpea diariamente a nuestro pueblo".
Antes de dar a conocer la declaración, los ministros de Economía de las provincias gobernadas por el justicialismo firmaron un documento en el que criticaron el reciente paquete económico impulsado por el ministro Domingo Cavallo porque "no contemplan las deudas pendientes".
El gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, dijo que "la falta total del cumplimiento de las obligaciones genera un marco de ingobernabilidad muy fuerte" y acusó al gobierno nacional de hacer diferencias entre las provincias.
Por su parte, el vicegobernador bonaerense, Felipe Solá, sostuvo que "los gobernadores justicialistas vinieron sosteniendo las incoherencias y debilidades del propio gobierno".
Solá insistió en cargar las tintas contra la desatención del gobierno central al señalar que las últimas medidas de Cavallo tienen "un impacto negativo sobre los gobiernos provinciales" y puso como ejemplo la reducción de los ingresos de coparticipación a partir de la rebaja en las naftas.
Aunque el gobernador Reutemann no hizo declaraciones ayer, sí se quejó hace una semana de la decisión del ministro de Economía de financiar la rebaja de peajes en las rutas nacionales con el aumento de un impuesto al gasoil, que es un recurso que no se coparticipa. Al mismo tiempo, dijo que el costo fiscal para la provincia del nuevo plan del ministro oscilaba entre los 60 y 100 millones de dólares.
Unas horas antes de ingresar al CFI, los representantes de las provincias chicas se reunieron en la Casa de la provincia de San Luis para acordar tres puntos .
Esos tres ítems contemplaban exigirle al gobierno el pago de lo adeudado por la coparticipación federal, que nombre a un interlocutor válido a quien llevarle las inquietudes de las provincias y, finalmente, llevar ante el Ministerio de Economía un plan de productividad para el noroeste argentino.
En la sede del CFI se reunieron, entre otros, Carlos Reutemann (Santa Fe), José Manuel De la Sota (Córdoba), Eduardo Fellner (Jujuy), Néstor Kirchner (Santa Cruz), Gildo Insfrán (Formosa), Rubén Marín (La Pampa), Angel Maza (La Rioja), Carlos Rovira (Misiones), Carlos Manfredotti (Tierra del Fuego) y Julio Miranda (Tucumán).
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La Ciudad
