Marcos Cicchirillo
Buenos Aires (enviado especial). - El presidente Fernando de la Rúa aseguró ayer que está en marcha un gran acuerdo nacional para avanzar en una profunda reforma tributaria y reclamó a los banqueros que presionen a las provincias para bajar el gasto público. El primer mandatario habló ayer al cierre de la reunión anual de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), que dedicó la última jornada de deliberaciones a repasar las propuestas de las principales fundaciones económicas para modificar profundamente el Estado y el sistema impositivo.
De la Rúa habló este año al cierre de la convención de banqueros, rompiendo la tradición presidencial de hablar en la inauguración, en un marco enrarecido por el fuerte reclamo de la entidad organizadora para frenar la ola de denuncias sobre casos de corrupción y al mismo tiempo castigar las protestas sociales que se expresan en piquetes o cortes de rutas.
Más allá de una breve alusión del titular de ABA, Eduardo Escasany, y de la referencia del presidente a la xenofobia que se trasluce en las protestas contra empresas españolas que operan en el país, el escenario final de la cumbre financiera se armó sobre la discusión de las propuestas "académicas" de reforma tributaria, sin elevar la polémica en torno de la "gobernabilidad". El discurso del presidente transcurrió, entonces, por el carril de la política económica. Anunció que antes de fin de año se completará la reconversión del Pami y del Ansés, para lo cual usará los poderes especiales otorgados por el Congreso, y defendió su gestión al frente de la administración pública al asegurar que fue el primer mandatario de la historia que logró reducir en 1.200 millones de pesos el gasto primario. "Todos los meses estamos recortando partidas", dijo.
De la Rúa no sólo tuvo que remontar la presión que el día anterior le había metido el segundo del Fondo Monetario Internacional (FMI), Stanley Fischer, para encauzar las cuentas públicas. Ayer, poco antes del discurso de clausura de la convención, la gente de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel), presentó una vez más su propuesta para reformar el Estado, incluido el despido de 100 mil agentes de la administración pública y la eliminación de más de 300 dependencias del Ejecutivo.
Manuel Solanet, Juan Luis Bour, Enrique Szewach y Ricardo López Murphy, reaparecido tras su breve paso por Economía, conformaron la delantera de la ortodoxia. En la misma jornada desfilaron también los representantes del Centro de Estudios Macroeconómicos (Cema), que conduce Roque Fernández; el cavallista Instituto de Estudios para la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), y también Juan José Llach
Fue un duelo de titanes en el debate que más les gusta: el gasto público y los impuestos. Solanet aseguró que es posible recortar el gasto nacional en 3.100 millones de pesos. el provincial en 6.500 millones y el municipal en 1.500 millones. López Murphy, además de avalar a Solanet, respaldó algunas de las medidas impositivas anunciadas por Cavallo ("tienden a achicar la evasión"). Sin embargo, se excusó de seguir opinando dado el poco tiempo transcurrido desde que dejó la función pública. Szewach, en tanto, cargó contra los dirigentes de la UIA que decidieron no participar del encuentro de ABA. "Aunque algunos no quieran escucharnos tendrían que hacerlo, a ver si aprenden algo".
Menos efusivo, el mediterráneo Guillermo Mondino, jefe de asesores de Cavallo, reafirmó el anuncio del ministro de Economía respecto de que antes del año 2002 la alícuota del IVA será del 16%. Dijo además que para esa época también se habrá eliminado el sistema de retenciones y percepciones que rigen sobre ese gravamen, que además absorberá bajo la modalidad de los pagos a cuenta las contribuciones de la seguridad social.
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La Ciudad
